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in Sin categoría - 22 Abr, 2020
by josebula - no comments
Audiencia de legalización puede superar las 36 horas sin que sea ilegal privación.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

 

 

PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR

Magistrada Ponente

 

AHP303-2020

Radicación N.° 56976

 

Bogotá D. C, tres (3) de febrero de dos mil veinte (2020).

 

 

ASUNTO:

 

Se resuelve la impugnación interpuesta por los capturados Wilmer Camilo Piñeros Mayorga, Wilfer Javier Valderrama Saavedra, Milton Elías González González, Edwin Alberto Gómez Cifuentes, José Adolfo Cruz Arango, Fredy Norberto Miranda Castañeda, Juan Felipe Solano Merchán, Rafael Muñoz Pedraza, Óscar Bojacá Novoa, John Fredy Sabogal Rodríguez, Fernando Murillo Culma y Harold Esteban Piñeros Mayorga y por su defensor en contra de la providencia emitida el 22 de enero del año en curso por el Magistrado Mario Cortés Mahecha, integrante de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por medio de la cual despachó desfavorablemente las pretensiones formuladas en ejercicio de la acción constitucional de habeas corpus.

 

ANTECEDENTES

 

  1. A las 6:00 a.m. del sábado 18 de enero de 2020 fueron capturados en situación de flagrancia, según la Fiscalía, por posible hurto calificado y agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios partes o municiones, dieciocho (18) personas, entre ellos los señores: Wilmer Camilo Piñeros Mayorga, Wilfer Javier Valderrama Saavedra, Milton Elías González González, Edwin Alberto Gómez Cifuentes, José Adolfo Cruz Arango, Fredy Norberto Miranda Castañeda, Juan Felipe Solano Merchán, Rafael Muñoz Pedraza, Óscar Bojacá Novoa, John Fredy Sabogal Rodríguez, Fernando Murillo Culma y Harold Esteban Piñeros Mayorga.

 

  1. A las 2:30 p.m. del domingo 19 de enero de 2020, el Juzgado Setenta y Siete Penal Municipal con funciones de control de garantías de Bogotá inició audiencias preliminares concentradas para resolver las solicitudes de la Fiscalía 311 Seccional, atinentes a: legalización de registro voluntario, legalización de la incautación de elementos, control posterior a la captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento. Sobre los primeros tres tópicos se pronunció en esa fecha. Inmediatamente, los defensores interpusieron recursos, uno de ellos de reposición. La sustentación de estos quedó pendiente porque la diligencia se suspendió. El despacho dispuso reanudarla a partir de las 2:30 p.m. del 21 de enero de 2020.

 

  1. A las 2:05 p.m. del 21 de enero de 2020, el defensor de los doce (12) indiciados antes mencionados instauró la acción de habeas corpus, con el fin de obtener su liberación inmediata, debido a que:

 

(…) la juez contaba con 36 horas para la definición de la situación jurídica, término improrrogable dentro del cual ya se habrá debido de tomar la decisión, sin importar la complejidad del caso o la cantidad de capturados (…) hasta que este recurso horizontal o de reposición no se decida por el mismo juez no podrá hablarse de una decisión en firme o una seguridad jurídica sobre su decisión. (…).

 

Entonces, no habiéndose permitido hasta esta hora de radicación la sustentación del recurso de reposición y no habiéndose pronunciado la Señora juez hasta ahora de manera definitiva sobre el asunto sometido a su conocimiento, considera este defensor que aún nos encontramos sin una definición de la situación jurídica (…).

 

  1. La Fiscal 311 Seccional se opuso a la prosperidad de la acción. Expuso que a las 6:00 a.m. del 19 de enero de 2020 le fueron repartidas diez (10) carpetas para resolver en su turno de 12 horas, incluida la correspondiente a este caso. Anotó que a las 12:30 p.m. de ese día radicó la solicitud de las audiencias, es decir, que lo hizo oportunamente; así mismo, que su realización fue dispendiosa, por la cantidad de indiciados, lo voluminoso de la carpeta (259 folios) y la intervención de cada uno de los defensores.

 

  1. La Juez Setenta y Siete Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá expuso que respetó el debido proceso y el derecho de defensa de los indiciados, quienes fueron asistidos por defensores de confianza, seis (6) en total. Además, destacó que el plazo de 36 horas no estaba vencido al momento de la instalación de las audiencias y que su vencimiento nunca fue alegado por los defensores.

 

  1. El 22 de enero de la presente anualidad, el Magistrado Mario Cortés Mahecha, integrante de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, negó el habeas corpus. Argumentó que si bien se sobrepasó el término de treinta y seis (36) horas señalado por el artículo 2° de la Ley 906 de 2004, precepto que fue declarado exequible en forma condicionada por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-163/08, la contabilización de ese plazo no debía ser un factor meramente objetivo, pues debían considerarse las circunstancias particulares que rodearon el asunto. En consecuencia, dada la complejidad de este caso, “(…) no se evidencia aquí que se haya prolongado ilícitamente la privación de la libertad a los procesados (…)”.

 

  1. Al ser notificados personalmente, cada uno de los procesados en cuyo favor incoó el habeas corpus anotó que apelaba la decisión.

 

Por su parte, el defensor presentó escrito de impugnación en el que argumentó que “(…) lo verdaderamente importante para que proceda esta acción constitucional (…)” no es que la decisión de la juez de garantías se produjo superadas ampliamente las 36 horas, sino que “(…) mientras no se resolviera el recurso de reposición interpuesto no podía jurídicamente hablarse de una decisión sobre la definición de la situación jurídica de los capturados”.

Además, “(…) ni la complejidad del caso ni la cantidad de capturados duplican los términos (…)”; así mismo, éste no puede ser dejado al arbitrio de juez de garantías.

 

La impugnación fue concedida el 29 de enero del año en curso. Al día siguiente se sometió a reparto e ingresó a despacho en esta Corporación.

 

CONSIDERACIONES:

 

  1. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 7° de la Ley 1095 de 2006, la suscrita Magistrada es competente para conocer de las impugnaciones interpuestas contra la providencia del 22 de enero de este año, mediante la cual un Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá negó la solicitud de hábeas corpus ya identificada.

 

  1. La Constitución Política establece en su artículo 28 que nadie puede ser detenido sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

 

Complementariamente, el artículo 32 dispone que el delincuente sorprendido en flagrancia puede ser aprehendido y llevado ante el juez por cualquier persona.

 

Conforme al inciso final del artículo 28: “La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley”.

 

  1. Para la protección del derecho a la libertad de locomoción, el artículo 30 señala que: “Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el habeas corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis horas”.

 

  1. Las anteriores disposiciones son concretadas por la ley al estipular:

 

Que el habeas corpus tutela la libertad personal cuando alguien: (i) es privado de ella con violación de las garantías constitucionales o, (ii) se prolongue ilegalmente su restricción (artículo 1° de la Ley 1095 de 2006).

 

Que la privación de la libertad puede obedecer a cumplimiento de pena, detención preventiva o captura legal (artículo 7° del Código Penitenciario y Carcelario).

 

Que la captura puede materializarse en ejecución de orden escrita expedida por un juez de control de garantías o en situación de flagrancia (artículo 297 de la Ley 906 de 2004, modificado por la Ley 1142 de 2007).

 

  1. El procedimiento a seguir en caso de captura en flagrancia está regulado por el artículo 302 del Código de Procedimiento Penal, conforme al cual la Fiscalía General de la Nación debe presentar “(…) al aprehendido, inmediatamente o a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, ante el juez de control de garantías para que este se pronuncie en audiencia preliminar sobre la legalidad de la aprehensión y las solicitudes de la Fiscalía, de la defensa y del Ministerio Público”.

 

Este procedimiento fue observado en el presente caso porque la captura se produjo el sábado 18 de enero de 2020 a las 6:00 a.m. y los aprehendidos fueron presentados físicamente por la Fiscalía ante el Juzgado Setenta y Siete Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá a las 2:30 p.m. del día siguiente.

 

  1. Ahora, si bien es cierto la Corte Constitucional declaró exequible el inciso tercero del artículo 2° de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 1142 de 2007, “(…) en el entendido que dentro del término de treinta y seis (36) horas posteriores a la captura, se debe realizar el control efectivo a la restricción de la libertad por parte del juez de garantías (…)” (CC. C-163/08), y en este evento la decisión sobre el control posterior a la legalidad de la captura terminó de emitirse a las 10:22:43 p.m. del 19 de enero de 2020, es decir, fenecido el plazo indicado, ello no conduce indefectiblemente a sostener la vulneración del derecho a la libertad personal por prolongación ilícita de su limitación.

 

En el fallo de constitucionalidad antes citado la Corte explicó, remitiéndose al derecho internacional, que lo inaceptable es “(…) la prolongación indefinida de un estado de privación de la libertad sin que medie la supervisión de una autoridad jurisdiccional (…)”. Igualmente, que el cometido de la institución del control posterior a la captura es “(…) provocar un pronunciamiento sobre la legalidad de la aprehensión (…)”.

 

  1. Pues bien, teniendo en cuenta esas consideraciones, en este caso no hay lugar a tutelar el derecho a la libertad personal porque es innegable que los capturados fueron presentados oportunamente ante juez con función de control de garantías, que quedaron sometidos a su supervisión en forma ininterrumpida y que ya existe un pronunciamiento de su parte sobre la legalidad de su aprehensión, que no ha sido reprochado como constitutivo de una vía de hecho, sino que los defensores están controvirtiendo a través de los recursos ordinarios.

 

Entonces, ni los capturaros dejaron de ser presentados ante el juez de garantías, ni éste rehusó o retardó el ejercicio del control de legalidad que le correspondía ejercer. Además, la duración de la audiencia no dependió de su arbitrio, sino de las particulares circunstancias del caso.

 

Que en la realización de las audiencias se haya sobrepasado el término de 36 horas es una situación razonable y plenamente justificada que no puede tener como consecuencia pregonar que se prolongó ilícitamente la privación de la libertad de los imputados. (En este sentido: CSJ AHP749-2019, 1° mar. 2019, rad. 54797).

Y es que no puede pasarse por alto que se trataba de dieciocho (18) capturados, que dentro del término de treinta y seis (36) horas y antes de presentarlos ante el juez, la Fiscalía necesariamente debía agotar los actos urgentes previstos por el Código de Procedimiento Penal. Así mismo, el término transcurrido fue empleado por la judicatura para permitir que los defensores terminaran de entrevistar a sus asistidos, para escuchar la postulación de la Fiscalía, surtir el traslado de los elementos materiales probatorios en una carpeta con 259 folios, escuchar la intervención del representante de la víctima y las oposiciones de los seis (6) defensores; practicar una prueba que decretó oficiosamente para corroborar las alegaciones defensivas, estudiar los medios de conocimiento y pronunciar su decisión en forma debidamente motivada, no sólo sobre el tema que se examina, sino también en relación con la legalidad del registro voluntario y de las incautaciones realizadas.

 

  1. Por otra parte, no debe olvidarse que la jurisprudencia de esta Sala ha reiterado que cuando existe un proceso judicial en trámite, la acción de habeas corpus no puede utilizarse para: i) sustituir los procedimientos judiciales comunes dentro de los cuales deben formularse las peticiones de libertad; ii) reemplazar los recursos ordinarios de reposición y apelación establecidos como mecanismos legales idóneos para impugnar las decisiones que interfieren el derecho a la libertad personal; iii) desplazar al funcionario judicial competente; y iv) obtener una opinión diversa – a manera de instancia adicional – de la que emite la autoridad llamada a resolver lo relacionado con la libertad de las personas.

 

En este evento, como ya se anotó, existe un pronunciamiento judicial sobre la legalidad de la captura de los imputados. Diferente es que no esté en firme. Por tal motivo, no se puede compartir la argumentación del defensor impugnante, quien pregona la ausencia del mismo. Es más, actualmente se encuentra en curso la segunda instancia, según consta en la información registrada en la página web de la Rama Judicial.

 

Por ende, deberá ser en el ámbito de la justicia ordinaria, no constitucional, que se defina la situación de los imputados en cuyo favor se incoó la acción de habeas corpus.

 

Por lo anteriormente considerado, se confirmará la decisión materia de impugnación.

 

En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada de la SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,

 

RESUELVE:

 

CONFIRMAR el proveído impugnado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

 

 

Contra la presente decisión no procede ningún recurso.

        Cópiese, notifíquese, devuélvase al Tribunal de origen y cúmplase.

 

 

PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR

Magistrada

 

 

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria