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in Civil - 13 Oct, 2016
by josebula - no comments
Contestacion incidente de perjuicios proceso ejecutivo

Santiago de Cali, octubre __ de 2016.

 MODELO CONTESTACIÓN DE UN INCIDENTE DE PERJUICIOS.

Doctor

___

JUEZ __ CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD

La Ciudad.

REFERENCIA:        INCIDENTE DE PERJUICIOS

PROCESO:             EJECUTIVO

DEMANDANTE:    ____________

DEMANDADO:        __________

RADICADO:             ____________

_______________, mayor de edad, vecino de la ciudad de Santiago de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía número ___________ expedida en Cali (V), portador de la tarjeta profesional de Abogado número _______del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderado judicial de la parte incidentada dentro del presente proceso de Incidente de Regulación de Perjuicios, encontrándome dentro del término legal consagrado en el artículo 129 del Código General del Proceso, con todo respeto me dirijo a usted con el fin de descorre el traslado, lo cual efectúo en los siguientes términos:

1.- Frente a la condena de perjuicios solicitada.

En el caso en estudio la sentencia proferida dentro del proceso de la referencia ordenó revocar el auto de mandamiento ejecutivo y como consecuencia se abstuvo de continuar con la ejecución, al considerar que el trámite que se le había impartido no correspondía al adecuado, aceptando el señor Juez que no debió haberse proferido el auto compulsivo; en ese orden de ideas, con el respeto que se merece su señoría, en los términos de los artículos 140 núm. 4º del C.P.C. que expresa: “Cuando la demanda se tramite por proceso diferente al que corresponde.”  Nos encontramos frente a una flagrante nulidad procesal insaneable por lo que no debió haber proferido sentencia de fondo; no obstante y teniendo en cuenta que se profirió el fallo en el cual no se acogieron las excepciones formuladas por la parte demandada, no se debió condenar en perjuicios atendiendo lo dispuesto en el art. 510 núm. 3 del C.P.C. hoy 443 núm. 3º del C.G.P. el cual reza: “… 3. La sentencia de excepciones totalmente favorable al demandado pone fin al proceso; en ella se ordenará el desembargo de los bienes perseguidos y se condenará al ejecutante a pagar las costas y los perjuicios que aquel haya sufrido con ocasión de las medidas cautelares y del proceso”. (Subrayas fuera del texto).

Dicho error procedimental si bien no fue objeto de recurso en el momento procesal oportuno, no puede salir avante, por cuanto no existe fundamento legal que así lo permita, toda vez que se estaría cometiendo una evidente violación al debido proceso, conforme lo preciso el Alto Tribunal Constitucional al indicar que: “… Como lo ha señalado de manera consistente y reiterada la jurisprudencia de esta Corporación, corresponde al Congreso de la República, en desarrollo de su libertad de configuración política, regular el régimen de la responsabilidad, las modalidades del daño y todo lo relacionado con los medios para cuantificarlo…”, bajo ese criterio jurisprudencial constitucional toma fuerza lo dispuesto en el art. 7º del C.G.P. en el cual “Los jueces, en sus providencias, están sometidos al imperio de la ley…”, por lo cual no tiene asidero la condena en perjuicios que mi patrocinada ha sido llamada en el presente incidente, pues, se reitera, el juez sólo podía haber condenado a dichos perjuicios solamente en el evento en que hubiese prosperado alguna excepción que pusiera fin al proceso, conforme lo regulado en el art. 443 antes indicado.

2.- Respecto de los hechos narrados por el incidentalista me permito referir lo siguiente:

2.1.- Frente a los hechos contenidos en los numerales 1 al 16 son los mismos que fueron objeto de decisión en el proceso ejecutivo que dio origen al presente incidente, y los mismos en nada manifiesta o sustenta los supuestos perjuicios que se están pretendiendo en esta acción, para el presente incidente de regulación de perjuicios debe el incidentante narrar los supuestos hechos originarios de los perjuicios como consecuencia de las mediadas cautelares que se hayan decretado en el proceso ejecutivo y no volver a narrar lo que sirvió de base en el proceso primigenio.

2.2.- Frente al hecho 17 se refiere a una medida cautelar decretada dentro del proceso ejecutivo con obligación de suscribir documento, manifestando abiertamente haber sufrido unos perjuicios sin precisar qué tipo de daños fueron los causados por dicha cautela, y sin especificar qué gastos mensuales le fue coartado.

2.3.- Frente al hecho 18 debe decirse que no fue una injusta demanda por cuanto mi poderdante estaba y está facultada para hacer valer sus derechos, puesto que hace parte de un acto negocial y en ella radica el derecho de postulación.

2.4.- Respecto al hecho 19 no me consta, que a causa de la medida cautelar decretada se hubiese impedido un supuesto viaje de la hija de la incidentante al exterior del país, además es una afirmación subjetiva sin fundamento probatorio válido alguno que per se indique o demuestre que los dineros retenidos por la medida cautelar fuera para ese supuesto evento, cuando en el hecho 17 afirma que eran para gastos mensuales y demás quehaceres que no son otros que sostenimiento rutinario del hogar.

2.5.- Respecto del hecho 20 es cierto.

3.- Referente a las pretensiones del incidente de regulación de perjuicios, me opongo a todas y cada uno de ellas por los siguientes motivos:

3.1.- Respecto de los perjuicios materiales:

3.1.1.- Los honorarios supuestamente pagados por la incidentalista a su abogado, baste con precisar que dichos rubros, conforme lo ha expuesto por la H. Corte Suprema de Justicia en Auto de 7 de abril de 2000, expediente 7215, los gastos por representación judicial no representan perjuicios, ya que estos mismos hacen parte de las agencias en derecho que se liquidan dentro de las costas procesales, al respecto precisó:

“…son diferentes la condena en costas y la de perjuicios, por lo que no le es dable a la parte beneficiada con ellas, involucrar en la liquidación de perjuicios, aspectos propios de la de costas, como es el caso del reconocimiento de gastos judiciales y de abogado o agencias en derecho, los que deben concretarse en la forma y por el procedimiento establecido en el artículo 393 del C.P.C.” por lo que concluyó “no pueden reconocerse los perjuicios reclamados por la apoderada de los demandados en revisión, toda vez que se refiere a honorarios de abogado pagados por ellos convencionalmente y a gastos judiciales, los cuales no pueden incluirse en el rubro de perjuicios…”[1]  

Pronunciamiento que se encuentra acorde con lo dispuesto por la Corte Constitucional en Sentencia C-539 de 1999, pues ese Alto Tribunal doctrinó que las agencias en derecho, hacen parte de las costas procesales y estas corresponden a los gastos efectuados por concepto de apoderamiento,  las cuales vale la pena precisarlo, se decretan en favor de la parte y no de su representante judicial, representándose de dicha manera la contraprestación por los gastos en que la parte vencedora incurrió para ejercer la defensa judicial de sus intereses[2], este rubro no son retributivas ni indemnizatorias por la gestión procesal, son un reconocimiento que la ley hace a la parte vencedora por acudir a la administración de justicia en defensa de sus intereses.

Razones suficientes para que su señoría niegue dicha pretensión.

3.1.2.- Respecto de los intereses que afirma la incidentante haber pagado, como consecuencia de un préstamo por valor de 20 millones de pesos, que asegura haber adquirido para su subsistencia durante 7 meses que estuvieron sus cuentas embargadas, precisando que el monto de tales intereses equivale a $2.800.000, rubro que en ningún momento ha demostrado dentro del presente trámite haberse pagado al supuesto acreedor de la suma antes referida.  La incidentante solo se limita a presentar una letra de cambio con los espacios en blanco, sin carta de instrucción, en la que sólo se precisa la cantidad en números y el nombre de la supuesta prestamista, brillando por su ausencia en el documento presentado como título valor la aceptación de la deudora aquí incidentalista, y menos los supuestos intereses pactados, careciendo de los requisitos legales que establece el Art.621 del C. Comercio  y los especiales del Art.671 de la misma obra, como los Art. 488 del C.P.C. hoy 422 del CGP.

Con el anterior documento no logra la peticionaria demostrar el supuesto perjuicio que alega haberse causado como consecuencia de la medida cautelar decretada y por el aparente préstamo que afirma haber adquirido, solo se limita a afirmar haber pagado unos rubros por intereses sin demostrar esa afirmación, por lo que, le solicito a su señoría no acceder a dicha pretensión.

3.1.3.- Frente a las sumas de $13.688 por concepto de 2 poderes otorgados y $3.800 por concepto de envió de correspondencia a la demandante para el supuesto arreglo amistoso, que pretende en el incidente, debemos precisar que dichas sumas hacen parte de gastos procesales los cuales debieron ser demostrado en el proceso para que fueran tenidos en cuenta en la liquidación de costas y gastos, ello, por cuanto las costas procesales, son todas aquellas erogaciones económicas que corresponde pagar a la parte que resulte vencida en favor de la parte vencedora, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, súplica, queja, casación, revisión o anulación que haya propuesto[3], y está integrada por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho.[4], tampoco logró demostrar que con el decreto de la medida cautelar antes referida hubiese tenido que ejecutar esos supuestos gastos, razones suficientes para que su señoría, al igual que las anteriores niegue tal pretensión.

3.1.4.- En relación a la suma de $6.450 pretendido por la incidentante, por concepto del registro civil de su hija, basta con precisar que ello no hace parte de las medidas cautelares que hayan podido ocasionar un perjuicio a la parte vencedora.

3.2.- Del perjuicio moral:

3.2.1.- Finalmente y respecto al supuesto perjuicio moral entendido en su concepción restringida de pretium doloris, como lo define la doctrina y la jurisprudencia, son aquellos perjuicios no patrimoniales es el menoscabo que supone una perturbación injusta de las condiciones anímicas, la cual se traduce en disgusto, desánimo, angustia, padecimiento emocional o psicológico, etc., es decir son aquellos que están restringidos a la esfera íntima de la persona y a los sentimientos o afectos.

La Doctrina y la jurisprudencia han sostenido que el daño moral se asocia a estados anímicos de la persona, es decir, que está ligado a la angustia, frustración, impotencia, inseguridad, zozobra, ansiedad, pena, intranquilidad, desilusión, entre otros, su común denominador es el sufrimiento o la aflicción psíquica o emocional.

La incidentante no probó, como era su deber, que la medida cautelar decretada dentro del proceso primigenio le hubiese ocasionado un perjuicio moral, sólo se limitó a manifestar que había sido menoscabado su ego al tener que solicitar un préstamo a un tercero para sufragar los gastos cotidianos.

Es deber del accionante demostrar con pruebas los supuestos perjuicios sufridos, y en el caso en estudio sólo se limitó a afirmar que los sufrió sin aportar prueba alguna que demuestre lo afirmado, por lo que esta pretensión tampoco estaría llamada a prosperar, por lo tanto le pido al señor juez, de manera respetuosa, se sirva negar las pretensión de la parte actora en el presente incidente de regulación de perjuicios.

4.- CONCLUSIONES

Se concluye entonces en que la incidentante no suministró los elementos de convicción necesarios para determinar si la medida cautelar decretada dentro del proceso ejecutivo primigenio, le hubiese podido causar los daños materiales y morales que alega en el presente incidente.

Aunado a que, como se dijo precedentemente, en el fallo proferido no se debió condenar en perjuicios a la parte demandante, por cuanto no prosperaron las excepciones propuestas por la demandada que pusiera fin al proceso, fue reiterativo el señor Juez en precisar que la demanda no debió haberse admitido, por haberse dado el curso que no era el correcto, por lo que no se sujeta a las disposiciones antes referidas para la concesión a la condena en perjuicios.

Tampoco se demostró la mala intención de la demandante al impetrar el proceso ejecutivo con obligación de suscribir documento, pues consideró tener un documento que reunía los requisitos de ley, es decir, una obligación clara, líquida y exigible, por ello recurrió a la vía del proceso ejecutivo con obligación de suscribir documento para obtener su satisfacción, en principio, no se puede calificar su conducta, como abusiva del derecho de litigar, puesto que simple y llanamente está acudiendo al camino que le proporciona el legislador para hacer efectivo el crédito que el deudor se niega a cumplir libre, voluntaria y espontáneamente.

Empero, puede suceder que el promotor del cobro compulsivo lo haga sin fundamento y sin ninguna clase de respaldo porque su título no es suficientemente idóneo para ordenar la suscripción y el pago de saldos, pero ello no lo sitúa en la mala intensión, pues se itera, creyó tener un documento que reunía los requisitos de ley.

Finalmente pongo de presente a su señoría lo expuesto por la Superintendencia Financiera de Colombia al indicar que de conformidad con el Decreto Legislativo 2349 de 1965 estableció dos beneficios para los depósitos de ahorro, entre ellos la inembargabilidad hasta un monto determinado en las cuentas de ahorros, hasta un monto que es reajustado anualmente conforme el índice anual de precios al consumidor por la Superintendencia Financiera, en el mes de octubre. Para el período del 1 de octubre de 2015 a 30 de septiembre de 2016 es hasta treinta y un millones doscientos noventa y ocho mil doscientos treinta y siete pesos ($31.298.237) moneda corriente, según se indicó en la Carta Circular No. 82 del 8 de octubre de 2015.

Cuando un juez ordena embargar una cuenta de ahorros el banco procede a acatar la orden, pero debe informar al juez que decretó la medida cautelar que esa cuenta es inembargable, para que sea el mismo juez quien proceda a levantar la medida. Para que ello se realice es prudente que el cuentahabiente haga la reclamación ante la entidad financiera donde tiene su cuenta. Por lo que si existió algún embargo sobre alguna cuenta de ahorros de la demandada aquí incidentante que se encontrara en el rango de inembargabilidad antes referida, debió, o bien el juez que decretó la medida levantarla o la misma cuentahabiente solicitando a la entidad bancaria su desembargo por no superar el límite de embargabilidad.

Con lo anterior dejó debidamente descorrido el traslado del presente incidente y solicito de manera respetuosa al señor Juez negar las pretensiones de la actora incidentante por los hechos narrados anteriormente, y se condene en costas en favor de mi prohijada.

Se Solicita igualmente al Sr Juez que al descartarse desfavorablemente las pretensiones del incidentante se de aplicación  al parágrafo del art 206 del código    general del proceso.

PRUEBAS:

1.- Poder para actuar en representación de la incidentada.

2.- Solicito se tengan en cuenta las pruebas que obran tanto en el proceso primigenio como las aportadas en el presente trámite incidental.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Fundo esta contestación al incidente de regulación de perjuicios en los siguientes artículos: art. 510 literal “b” del C.P.C., art. 443 num. 3º del C.G.P., art. 129 del C.G.P., art. 164 y 167 del C.G.P.

NOTIFICACIONES:

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_____

Cordialmente,

 

 

______________

C.C.No. _____ expedida en Cali (V)

T.P. No. ___ del Consejo Superior de la Judicatura,

[1] Corte Suprema de Justicia, Auto de 7 de abril de 2000, expediente 7215.

[2] Sentencia C.539 de 1999 Corte Constitucional

[3] Art. 392 del C.P.C.

[4] Art. 361 del C.G.P.