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in Familia - 24 May, 2015
by josebula - no comments
Modelo de demanda de filiación extramatrimonial

Modelo de demanda de filiación extramatrimonial

SEÑOR

JUEZ DE FAMILIA DE……………… (REPARTO)

  1. S. D.

…. mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, obrando como apoderado de la Señora ……. . … .. también mayor de edad y vecina de esta ciudad, conforme al poder que adjunto, me permito formular ante su despacho Demanda de Filiación Extramatrimonial(10) contra el

Señor …. ., igualmente mayor y de esta vecindad, a fin de que se hagan las declaraciones que solicitaré más adelante, teniendo como base los siguientes:

HECHOS

PRIMERO: Mi mandante, la señora ….. … concibió un hijo que nació el día …… del mes de ….. de …. en el municipio de …. el cual fue bautizado con el nombre de ………….

SEGUNDO: Mi poderdante para el momento de la concepción y nacimiento del hijo, era soltera y por consi­guiente adquirió la calidad de madre extramatrimonial y representante legal del menor.

TERCERO: Manifiesta mi mandante que desde el día ……….. del mes ……………. del año de ……. empezó rela­ciones sexuales con el señor ………..,….,……., dando como resultado el nacimiento del menor cuyo reconocimien­to de paternidad solicita se declare.

CUARTO: Que las relaciones sexuales que mantuvo mi mandante con el demandado fueron estables y noto­rias por un espacio de …… años.

QUINTO: Que el señor ……….. en varias ocasiones ayudó a su subsistencia y siempre lo trató como hijo.

PETICIONES

Solicito se hagan las siguientes declaraciones:

PRIMERA: Que por medio de una sentencia definitiva se declare que el menor ………. ., nacido el día ….. del mes de ….. de 19 … en la ciudad de ……., es hijo extramatrimonial del señor …………….., mayor de edad, identifi­cado con la cédula de ciudadanía No. ….. domiciliado y residente en ……………..

SEGUNDA: Que en la misma sentencia se ordene oficiar al señor notario ………… ……..para que al margen del _ registro civil de nacimiento del menor …………………… se anote su estado civil de hijo extramatrimonial de ………….

TERCERA: que se expidan copias de la sentencia á las partes.

CUARTA: Que se condene en costas al demandado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Fundamento  esta demanda en los arts. 1,2,7 y del 10 al 18 de la Ley 75 de 1968

PROCEDIMIENTO

Debe seguirse el proceso regulado por la Ley 75 de 1968 y los artículos 396 y ss. del Código de Procedimien­to Civil.

COMPETENCIA

De acuerdo al articulo 5o del decreto 2272 de 1989, por la naturaleza del asunto y la vecindad del demanda­do, es usted, Señor Juez, el funcionario competente para conocer del asunto.

PRUEBAS

Solicito que se tengan como medios de prueba las siguientes: !

DOCUMENTALES

1- Registro civil de nacimiento del menor ……………….

2- Registro de nacimiento de mi poderdante, señora ……….

3- (Cartas, recibos de pago, certificaciones, constancias, etc.).

TESTIMONIALES

Sírvase tomarle declaración a los siguientes testigos …….. , ……… , ………..:.. y ………….. ., todos mayores y vecinos de esta ciudad, cuyas direcciones son ……….

Interrogatorios de parte:

Sírvase recibir declaración de parte al demandado ………….. para que absuelva el interrogatorio que en sobre cerrado anexo a esta demanda

ANEXOS

Adjunto copia de la demanda para el archivo del juzgado, otras con sus anexos para el traslado el demandado y al defensor de familia. Anexo poder a mi favor y los documentos aducidos como pruebas.

NOTIFICACIONES

Mi mandante las recibirá en ……….

El demandado en ……………. …

suscrito la recibirá en la secretaria de su despacho o en a siguiente  dirección ………………

Atentamente,

………………….

C.C.No ……. de …….

T.P. No …….


Información Adicional 

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El artículo 6° de la Ley 75 de 1968 consagra seis causales que hacen presumir la presunción de la paternidad extramatrimonial. En efecto: Como es bien sabido, el derecho del hijo nacido fuera del matrimonio y no reconocido por su progenitor, para exigir la comprobación judicial de la filiación mediante el ejercicio de la acción declarativa correspondiente es una cuestión no del todo resuelta por la doctrina y que, en términos a derecho comparado. se muestra como regulada en las distintas legislaciones conforme a criterios de variada índole, y es así, entonces, que en nuestro país, desde 1936 para adelante, ha venido imperando el sistema Ilamado de Libertad restringida en materia de investigación judicial de la paternidad natural, admitiéndose la posibilidad de imputación forzosa de esta última a un determinado sujeto inclusive después de muerto, en aquellos casos en que, a juicio del legislador, parece factible obtener una prueba convincente de la paternidad encubierta, vale decir en las supuestos enumerados taxativamente por la ley -hoy el artículo 6o de la Ley 75 de 1968, modificatorio del artículo 40. de la Ley 45 de 1936-que constituyen medios que pueden reemplazar satisfactoria y razonablemente la presunción pater is est quem nuptia edemostrant…”, esto en orden a poner en práctica un encomiable espíritu de equilibrio en mérito del cual se aspira a que por las autoridades jurisdiccionales, a la vez sean consultados el derecho indiscutido a que el hijo extramatrimonial pueda constatar su estado en circunstancias notoriamente justificables, de un lado, y del otro la necesidad de impedir que en situaciones de verdadera inconsistencia probatoria, fáciles de suyo para aprovecharlas abriendo ­paso a escandalosos debates pueda Ilegar a ponerse en peligro la estabilidad de la familia legitima o a quedar en entredicho el comportamiento de personas rectas y probas Por encima de cualquiera otra consideración, la labor por adelantar en este campo Gene que ser, pues, de cuidadosa ponderación, de aquilatada severidad ciertamente, pero evitando que caiga en grados extremos de inclemente rigorismo que, apenas en apariencia provistos de legalidad, conducen en últimas a desconocer los principios fundamentales que en esta materia inspiran sin duda la legislación positiva vigente en el país principios éstos que son los que en certera síntesis recapitulaba así un autorizado comentar:: . reforma introducida por la Ley 45 de 1936: “La ley ha aceptado que el hijo ya proceda de matrimonio putativo, ya de uniones extramatrimoniales de cualquier índole, no es en manera alguna responsable de la ligereza o falta de los padres que, como inocente que es, no debe sufrir ninguna hostilidad de la ley por medio de una condición jurídica degradante o de un menoscabo arbitrado de sus derechos”, y que son, estos mismos principios que imponen como criterio preponderante de aplicación normativa el de protección del hijo los que Ilevaron a la Corte a insistir en que, atendiendo a tales postulados que más caracterizadamente le sirven de apoyo a la Ley 75 de 1968, “la disciplina probatoria no Ilega hasta consagrar e imponer un régimen de tan extremado rigor que haga prácticamente imposible la demostración de las causales que sirven para hacer la declaración judicial de hijo natural y, por ende, inaplicable el mencionado estatuto. No fue esta última la filosofía que inspiró al legislador de 1968, sino por el contrario, hacer más viable y eficaz la investigación de la paternidad natural, como quiera que la legislación anterior resultaba un tanto irrealizable y había quedado a la zaga de los avances logrados por legislaciones foráneas y, también, por las necesidades de la sociedad colombiana que reclamaba un estatuto que tutelara más eficazmente los derechos de los hijos extramatrimoniales” (CV. Corte Suprema de Justicia, G.J.T. CLXXX, pág. 62).

a- Rapto y violencia. Se presume la paternidad, según la primera causal, en el caso de rapto o de violación, cuando el tiempo del hecho coincide con el de la concepción.

“Si se tiene en cuenta que el rapto y la violencia son dos figuras delictivas claramente diferenciadas en derecho penal, puede decirse que se trata de dos casos englobados en uno. Empero, esto no tiene importancia para el derecho civil, al cual le basta fijar los requisitos que deben Ilenar estos casos y que son: 1 ) consumación de dichos ilícitos, y 2) relación de causalidad entre el rapto o la violencia y el nacimiento del ser humano que ejerce la acción.

  1. Consumación del rapto y la violencia. Desde el punto de vista del derecho civil, la consumación exige que el raptor o el violentador haya tenido relaciones sexuales completas con la mujer raptada o violentada.

En cuanto al rapto se requiere que el raptor haya sustraído a la mujer, mediante violencia física o moral o simplemente con engaños, de la esfera de autoridad de la familia. Además el rapto supone siempre un elemento de orden moral, que consiste en quitar a una familia de buenas costumbres una mujer que estaba bajo su cuidado y custodia. Y a este elemento de orden moral debe agregarse uno material o físico, que no es otro que la sustracción o retención de la mujer. Finalmente, en lo que respecta al caso que estudiamos, el rapto debe consumarse, vale decir, que la mujer debe haber sido sometida a un acceso carnal capaz de producir la concepción de un ser humano.

Y en cuanto a la violencia, debe notarse que la violencia de que habla el primer numeral del art 4° de la Ley 45 de 1936, es la misma que contem­pla el Código Penal, y según este Código la hay en los tres casas siguientes: a) cuando un hombre somete al acto carnal a una mujer menor de catorce años, por presumirse en ella falla de consentimiento b) cuando se realiza el acto camal sobre una mujer a quien se ha puesto en estado de inconciencia por cualquier medio (C.P., art 316, párr. 2%); c) finalmente, cuando según las reglas generales la mujer es violentada física o moralmente.

  1. Nexo de causalidad entre el rapto o violencia y el nacimiento del ser humano. Para que pueda presumirse en este raso la paternidad, se requiere que el nacimiento del ser humano haya sido fruto de las relaciones sexuales habidas entre el raptor o violentador y la mujer raptada o violentada, esto es, un nexo de causalidad entre el rapto o violencia y el nacimiento del hijo. La comprobación de este nexo causal se obtiene fácilmente haciendo aplicación del art. 92 del Código Civil, es decir, que existirá la relación causal si el nuevo ser nace en el lapso que hay entre los 180 días subsiguientes a la consumación del rapto o la violencia y los 300 días posteriores. Es de advertir que los ciento ochenta días siguientes comienzan a contarse desde la consumación del rapto o la violencia, y los trescientos días posteriores a partir del día en que la mujer dejo de estar sometida al poder del raptor o violentador’ (Arturo Valencia Zea, Derecho Civil, Tomo V, Derecho de Familia, Tercera edición, Editorial Temis, Bogotá 1970, Págs. 433 y 434).

b-Seducción. La segunda causal de presunción de la paternidad hace referencia al caso de seducción realizada mediante hechos dolo­sos, abuso de autoridad o promesa de matrimonio.

“La seducción realizada mediante hechos dolosos se entiende como la acción de persuadir o convencer utilizando medios engañosos, infun­diendo en la mujer la creencia de que el seductor obra de buena fe, siendo que lo único que éste persigue es la satisfacción del deseo sexual.

El abuso de autoridad consiste en aprovechar el carácter jerárquico o de mando para competir a la mujer a entregarse carnalmente; se ejerce una coacción de tipo moral que doblega la voluntad de la mujer bajo algún temor que provenga de la relación de superioridad jerár­quica. Tratase en este caso no de la configuración del delito de abuso de autoridad, sino simplemente de la utilización del poder de mando con el propósito de satisfacer el deseo sexual.

Y la promesa de matrimonio o el ofrecimiento para unirse legítimamente a la mujer, previa la realización del acto sexual, debe darse de manera inequívoca, es decir, de manera formal, expresada a través da actos positivos, tales como el compromiso público, el cruce de argollas, etc. No siendo así puede decirse que la configuración del hecho es simple seducción dolosa” (Cados Orlando Bacca Garzón, Paternidad extramatrimonial, Biblioteca Jurídica Equidad, 1992, Págs. 10 y 11).

“El primitivo ord. 2° del art. 4° de la Ley 45 de 1936, admitía la seducción solo cuando existía un principio de prueba por escrito que ema­nara del presunto padre y que la hiciera verosímil. Pero esto daba lugar a dificultades, pues ningún hombre suele dejar por escrito huella del dolo cometido. Sobre el particular, el legislador colombiano se inspiró en la antigua ley francesa del 16 de noviembre de 1912 que exigía igualmente un principio de prueba por escrito. Los autores franceses formularon serias criticas a la exigencia de dicha prueba, afirmando que la investigación de la paternidad requería la demostración de un hecho que nunca podía probarse. La principal crítica la expuso Henri capitant en su estudio titulado El permiso de seducir. En el año de 1955 (mediante la ley del 15 de julio), el legislador francés corrigió la grave anomalía de la ley de 1912 suprimiendo el requisito de que el dolo o la seducción debían constar por escrito.

El legislador colombiano, correctamente orientado por la ley francesa del 15 de julio de 1955, resolvió suprimir el requisito del principio de prueba por escrito en la seducción (nueva red. del ord. 2° del art. 4° de la Ley 45 de 1936 por el art. 6° de la Ley 75 de 1968).

Ciertamente en Colombia entre los años de 1936 y 1968 jamás tuvo aplicación la causal 2′ de la seducción, en razón del inconveniente señalado; fue una causal muerta, pese a que en muchos casos es posible acreditar ante la justicia la seducción” (Arturo Valencia Zea, Derecho Civil, Tomo V, Derecho de Familia, Tercera edición, Editorial Temis, Bogotá 1970, Págs. 435 y 436).

c-Confesión. Exige la tercera causal de presunción la existencia de carta u otro escrito cualquiera del pretendido padre que contenga una confesión inequívoca de paternidad.

Conviene, primeramente, recordar que son notas distintivas de la causal tercera de investigación de la paternidad las siguientes: a) Que exista un escrito. b) Que se tenga la certeza sobre que el autor de ese escrito sea el presunto padre. c) Que el escrito contenga una confe­sión inequívoca de paternidad.

Verificada la existencia del escrito (primer requisito), el segundo toca con su autenticidad, o sea, con que dentro del proceso legalmente se constate que determinada persona es su autor jurídico. Y el tercero concierne a la expresividad o significación probatoria del documento, es decir, a la estimación sobre si contiene una confesión de paternidad, y sobre si, además, ésta es inequívoca.

El estatuto procesal, en el articulo 252, prevé distintos mecanismos a fin de establecer la autenticidad de los documentos privados caren­tes de ella.

Esa autenticidad, acorde con el propio concepto legal consignado en el inciso 10. de la norma en cita, consiste en la “certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado”. Su obtención dentro del proceso no la deja la ley al libre querer de las partes o del juez, sino que, por ser una cuestión asaz delicada, prescribe en el susodicho artículo ciertas pautas o métodos destinados a lograrla.

d- Relaciones sexuales. Para que se configure la causal cuarta es necesario que entre el presunto padre y la madre hayan existido rela­ciones sexuales en la época en que, según el artículo 92 del Código Civil, pudo tener lugar la concepción.

En la forma como estaba instituida, veíase en la práctica dificultad bastante instituida, para dada por cabalmente demostrada, pues sobre exigir la ley que las relaciones sexuales fuesen notorias y estables, el hecho mismo del contacto sexual de la pareja es asunto que, dada su propia naturaleza, casi siempre escapa a la mirada de los demás, y de ahí que probarlo era obra verdaderamente heroica, sin contar con que en algunas veces su obtención podría resultar escandalosa e inmoral. En condiciones tales, era apenas obvio que muy pocas paternidades pudieran establecerse por ese medio, siendo cada día más el número de personas que quedaban abandonadas a su propia suerte ame la dificultad suma de conseguir semejante probanza, entre otras razones porque el propio interesado, el hijo, por razones obvias no de tener más que un conocimiento histórico de lo acaecido con antelación a su concepción.

los argumentos que se dejan referidos no fueron subestimados por el legislador colombiano, y fue entonces señalada la necesidad de expedir una norma que viniese a tomar razón de tales objeciones; la Ley 75 de 1968, en efecto, en cuanto concierne a la mentada causal, elimino en su artículo 60., numeral 40., las exigencias de que el trato carnal fuese notorio y estable Pero más que eso, fue enfático en admitir que relaciones de tal estirpe pudiesen comprobarse a través de la inferencia, de la deducción. Sin ambages expresó que las relacio­nes sexuales “podrán inferirse del tanto personal y social entre la madre y el presunto padre, apreciado dentro de las circunstancias en que o lugar y sus antecedentes, y teniendo en cuenta su naturaleza, intimidad y continuidad” (inc. 20. del numeral citado). que ambos aspectos, y ante todo el segundo que es el que más viene al caso, se plasmaron con el inocultable propósito de atemperar en cierto modo la severidad probatoria hasta entonces predicada frente a la legislación precedente, es algo que la Corte ha puesto de relieve “Dentro de las reformas que la Ley 75 de 1968 introdujo a la preceptiva legal anterior a su vigencia emergen con perfiles de singular relevancia las referentes a la acción de investigación de la paternidad natural, puesto que si bien es cierto que dicho estatuto aún conserva el sistema de la investigación restringida consagrado por la Ley 45 de 1936, también lo es que aumenta las causales al efecto y da mayor ,amplitud en el suministro de la prueba de los hechos que la estructuran”, por todo lo cual se advierte que aquella ley “tiende a proteger los derechos de los hijos naturales, colocándolos en principio en situación mucho más ventajosa que la que les ofrece la Ley 45 de 1936 …”. (sent. de 2 de noviembre de 1971, CXXXIX, p. 196).

Y más exactamente ha puntualizado:

“Ahora bien, orientado el legislador sobre la idea de elaborar un estatuto más expedito y eficaz, ya que el anterior no se encontraba a tono con la conducta y forma de vida del pueblo colombiano, puesto que día a día proliferan incesantemente las relaciones sexuales extramatri­moniales y éstas tenían cumplimiento dentro de cierta discreción y sigilo que impedía la demostración directa de las mismas, estableció mediante la Ley 75 que las dichas relaciones podrán “inferirse del trato personal y social entre la madre y el presunto padre, apreciado dentro de las circunstancias en que tuvo lugar….”. (Cas. Civ. 22 de octubre de 1976).

Acorde con ello ha precisado la Corte, de otro lado, la necesidad de no perder de mira la filosofía que movió al legislador de 1968, cuando de analizar el material probatorio se trata, aspecto sobre el que es imperioso regresar más adelante.

Ya quedó dicho que en la Ley 75 de 1968 se descubre al romper la intención de facilitar la investigación de la paternidad; y que, en tra­tándose de la especifica causal de relaciones sexuales, se nota un importante viraje de orden probatorio, el cual fue puesto de presente en el debate parlamentario mismo, que antecedió a la expedición de la ley, al decirse allí que “como fuera en principio imposible demostrar la relación sexual y sólo puede inferirse de otros hechos más o menos graves, permanentes, íntimos, conexos, etc., por eso al numeral o inciso primero se le agrega el segundo para expresar que tales relaciones sexuales sólo podrán inferirse del trato personal y social entre la madre y el presunto padre según las circunstancias en que tengan lugar; naturaleza y antecedentes, intimidad y continuidad, etc., que son hechos perceptibles por los sentidos, es decir, demostrables directa y objetivamente y en forma que no es común entre amigos y relacionados transitorios, por lo cual pueden Ilevar al juez a la convicción de paternidad” (sentencia citada el 22 de octubre de 1976).

Y no solamente se ha tenido en cuenta ese cambio legal, sino que la jurisprudencia, de cara al singular problema de la prueba de las causales, ha dicho que la Ley 75 “no Ilega hasta consagrar e imponer un régimen de tan extremado rigor que haga prácticamente imposible la demostración de las causales que sirven para hacer la declaración judicial de hijo natural, y, por ende, inaplicable el mencionado estatuto”. (Cas, Civ. de 21 de agosto de 1975).

Con todo, preciso es puntualizar que dicha filosofía e inteligencia de la ley no traduce, ni por lumbre, que las causales puedan verse estableci­das donde no se prueben los hechos que las estructuran. Tan bondadoso sistema no lo concibió, ni lo ha podido concebir, el legislador, por In mismo, el intérprete no puede extremarlo hasta limites insospechados, Demostrar los supuestos fácticos que sirven de hontanar a la presunción. de paternidad es algo, que, sin cesar, debe tenerse como insoslayable; de tal modo que la facilitación de prueba que se pregona en la ley no debe ni puede significar, en manera alguna, exención de prueba para quien pretenda conseguir la paternidad. Antes bien, aquí, como en cual­quier otro campo jurídico, es menester que los hechos de los cuales parte la norma jurídica entren a la convicción de! juzgador como verdadera­mente cumplidos; tanto más cuanto que, de una parte, y como es sabido, acá se trata de algo que atañe al estado civil de las personas, cuyo rango de orden público es incontrastable; y de otra parte, cuanto que la ley ha acudido a un juego de presunciones, lo que hace menester que la inferencia arranque de la plena prueba del hecho conocido, que es en lo que a la postre halla fuerza o mérito probatorio.

Cumple anotar que cuando la Corte, atendiendo diversas circunstancias que en su momento ha señalado, sienta la orientación de que la prueba testimonial no debe analizarse con extremado rigor hasta Ilegar a convertir en inservible cualquier testimonio, necesariamente se ha referido a declaraciones que ciertamente dan cuenta de los hechos que configura las causales; la amplitud ponderativa que ha sugerido no alude a testimonios que nada dicen sobre los hechos constitutivos de la causal, sino aquellos que diciéndolos deban ser analizados en orden a descubrir el mérito o credibilidad que les asista.

En este marco de ideas, centrando aún más el estudio a lo que aquí es objeto de debate, conviene memorar que la Ley 75 de 1968, en su artículo 60., establece los eventos en que se presume la paternidad natural y que, subsecuentemente, autorizan su declaratoria judicial, entre ellos, el alusivo al trato carnal que entre la pareja se remonte a la época de la concepción de la criatura.

Producida la unión sexual dentro del marco temporario anunciado, la ley presume que el hombre protagonista de la misma engendró ese hijo. Esto es, del hecho conocido (relaciones sexuales) extrae el investigado (la paternidad). Pero la ley no paró ahí. Permitió, además, que al hecho conocido se pueda Ilegar a su turno también por inferencia. Paralelamente presumió, en efecto, que las relaciones sexuales (hecho investigado) se presuman por el trato social y personal que se prodiga la pareja, analizado de conformidad con sus antecedentes, naturale­za, continuidad e intimidad.

Puestas así las cosas, no puede menos de expresarse la afirmación irrecusable de que el hecho nocivo (trato personal y social), que, como se dijo, conduce a creer fundadamente que la pareja Ilegó a la cópula carnal, deba aparecer plenamente probado. La probabilidad está es en el hecho que se investiga, pero no en el conocido; por manera que no se trata de establecer que probablemente se presentó un trato personal y social, sino de establecer que éste efectivamente aconteció.

Y al abordar el alcance del concepto de lo que debe entenderse por tratamiento personal y social profesado entre la pareja, ha de afir­marse que solamente tendrá tal virtud el que, por sus características, permite suponer razonablemente que hombre y mujer están ligados por un vinculo lo que supera los linderos de la mera amistad, el efecto y el aprecio, aislada o conjuntamente considerados. Porque manifestacio­nes de esta índole las ofrece la vida cotidiana, sin que sea válido ver junto a ellas, necesariamente, relaciones de concúbito. Ha de aguar­darse el juzgador, por lo mismo, de refundir en un mismo concepto ambas cosas. De ahí que la haya atinado a establecer los perfiles que a tal trato le dan la fisonomía advertida; debe por tanto analizarse con arreglo a su naturaleza, antecedentes, continuidad e intimidad. Vale expresar, un trato que se traduzca en hechos que por su propia índole, tangibles y perceptibles por los sentidos, reiterados y no esporádicos o momentáneos, manifiestos, fuertes y persuasivos, denotadores de lazos de especial confianza, apego, adhesión y familiaridad, pongan en evidencia que no han podido sino desembocar, por el grado mismo de causalidad que ofrecen, en el acceso camal, porque precisamente son las que de ordinario anteceden a unión semejante. Como es comprensible, ingenuo e inútil fuese establecer una relación fáctica de esa estirpe, pues serán las condiciones propias de cada caso particular, examinando, por ejemplo, el grado de cultura de las gentes, el ámbito social, el medio ambiente y otras circunstancias, las que indiquen más o menos su realización. En compendio, es cuestión que debe entre­garse al examen ponderado del juzgador.

Lo que si resulta decisivo es no darle connotación a cualquier trato o aproximación de las personas, pues “los hechos indicadores deben estar revestidos de conexidad y reiteración, porque cuando se trata de una conducta ordinaria o común en las relaciones sociales, como la que se ofrece entre simples amigos o relacionados ocasionales, las manifestaciones no tienen la fuerza suficiente y certera para poner de manifiesto la existencia de trato sexual…”. (Cas. Civ. de 22 de octubre de 1976; 7 de septiembre de 1978, CLVIII, 207 y 30 de julio de 1980)” (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de mayo 12 de 1992),

e-Trato personal y social, Se reduce a exigir esta causal la presencia del trato personal y social dado por el presunto padre a la madre durante el embarazo y parto, demostrado con hechos fidedignos, trato que por sus características sea ciertamente indicativo de la paternidad.

“Supone esta causal un comportamiento públicamente ostensible del demandado frente a !a madre durante el embarazo y parlo, fácil­mente demostrable con declaraciones de testigos, de tal manera que pueda colegirse fundadamente que el demandado es el padre de la criatura que la madre gestaba en su vientre. Ese comportamiento pudo consistir en las visitas frecuentes del demandado a la madre cuando

estuvo embarazada, en regalase cosas apropiadas para ese estado, en Lleva al médico o a la partera, en haberse costeado los gastos hospitalarios del pago, etc.

Esta causal no ofrece ninguna dificultad en su aplicación, pero debe advertirse que el comportamiento del presunto padre está dirigido exclusivamente a la madre en su estado de embarazo y consiguiente parto, mas no al hijo”. (Cados Orlando Bacca Garzón, Paternidad extramatrimonial, Biblioteca Jurídica Equidad, 1992, pág. 33).

f- Posesión notoria del estado de hijo

La causal sexta ordena para su configuración acreditar la posesi0n notoria del estado de hijo.

1- La posesión notoria ,del estado de hijo legitimo consiste en que sus padres le hayan tratado como tal, proveyendo a su educación y establecimiento de un modo competente, y presentándole en ese carácter a sus deudos y amigos; y en que estos y el vecindado de su domicilio, en general, le hayan reputado y reconocido como hijo legitimo de tales padres.

?- Para que la posesión notada del estado civil se reciba como prueba de dicho estado, deberá haber durado cinco años continuos por lo me; ,s.

la posesión notoria del estado civil se probará por un conjunto de testimonios fidedignos que la establezcan de un modo irrefragable; “a :regularmente en el caso de no explicarse y probarse satisfactoriamente la falta de la respectiva partida, o la pérdida o extravío del libro u otro en que debiera encontrarse. “Para la posesi0n notoria del estado civil de hijo legitimo, la ley exige que el trato como tal provenga de los padres, en tanto que en la de hijo natural, ese tratamiento puede ser dado por el padre o por la madre separadamente para la primera, requiere que los progenitores hayan proveído de un modo competente a la educación y establecimiento del hijo, mientras que para la se­gunda sólo impera que el padre o madre haya proveído a su subsistencia educación y establecimiento más sin obligar que sea de modo competente para la de legítimo, es indispensable que los padres hayan prestado a sus deudas y amigos, como hijo legítimo, a quien tratan como tal, circunstancias que no es menester para que se consolide la posesión de hijo natural. ya que para la configuración de ésta no es necesaria tal presentación. Tanto en una como en otra posesión empero, la ley manda demostrar que a virtud del tratamiento dicho sus deudos y amigos o el vecindario de su domicilio en general hayan reputado y reconocido como hijo legitimo o natural a quien invoca la posesión notoria de ese estado” (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de septiembre 26 de 1973).

4- Cuando fuere necesario calificar la edad de un individuo, para la ejecuci0n de actos o ejercicios de cargos que requieran cierta edad, y no fuere posible hacerlo por documentos o declaraciones que filen la época de su nacimiento. se le atribuirá una edad media entre la mayor y la menor que pareciere compatibles con el desarrollo y aspecto físico del individuo.

5- La posesión notoria del estado de hijo extramatrimonial puede acreditarse también con relación a la madre.

Según reiterada doctrina jurisprudencial, el trato, la fama y el tiempo son los tres elementos que estructuran la posesión notoria de dicho estado.

en torno a los criterios que deben primar en la ponderación de la prueba tiene dicho la Corte que “en el régimen probatorio en la cuestión de ;;investigación de la paternidad natural o puede exigirse un criterio tan severo que llegue a establecer un sistema de tan extremado rigor que haga prácticamente irrealizable su comprobación judicial. Por esto la ponderación de los testimonios que la acreditan tienen que quedar a la cordura, ,perspicacia y meditación del juzgador, quien tiene que analizados con ponderada ecuanimidad de criterio, considerando las circunstancias reales de cada testigo el medio en que éstos actúan evaluándolos no uno a uno sino en reciproca compenetración de sus dichos, a fin de opinar hasta dónde han de ser pormenorizados los datos que cada testigo aporte y en fin, sopesar todos los elementos de juicio que le permitan el convencimiento interior afirmativo o negativo de la filiación deprecada. Y si la sentencia de instancia que así lo deduzca no se sitúa al len de lo razonable, tiene que permanecer y mantenerse inmutable en casación pues en estas precisas circunstancias a la Corte le queda

vedado modificar o variar la apreciación probatoria que el fallo impugnado trae”. (CLXV, pág. 338; CL P X, pág. 365)”.

Atendida la propia naturaleza de las relaciones paternofiliales, ha entendido la jurisprudencia en forma reiterada entre otras, en sentencia del e agosto de 1983 (HG. Tomo CLXXII, 1a parte No 2411, pág. 165), Marzo 3 de 1984 (G.J Tomo CLXXVÍ No. 2415 pág. 74) y 11 de febrero de 1987 (G.J. Tomo CLXXXVIII. No. 2427, pág. 29), que la posesión notoria del estado civil de hijo extramatrimonial, implica por parte del un reconocimiento público, reflexivo e insistente de paternidad respecto de una persona determinada. Este se manifiesta por hechos reiterados que permiten concluir a familiares, amigos y vecinos del lugar que quien así se comporta con esa persona es el padre, como puede inferirse cuando éste atiende los gastos que impone la crianza, establecimiento y educación del presunto hijo por un tiempo a lo menos igual al no exigido por la ley (hoy 5 años, Artículo 398 C.C., nueva redacción Ley 75 de 1968 Artículo 9) todo lo cual conduce a que, en este círculo familiar, social y de vecinos, a tal hombre se tenga por padre de quien reclama la declaración judicial de este estado civil tractatus, nomen, fama . las. como quiera que el estado civil es de orden público con la trascendencia de la función jurídico social que comporta el legislador se ,,reocupado desde antiguo porque la demostración de su posesión notoria conduzca a la certidumbre y no a la mera ,probabilidad del mismo y, por ello, el articulo 399 del Código Civil, impone que ella se establezca “de modo irrefragable”, por un “conjunto de testimonios

fidedignos”, norma ésta aplicable para la filiación extramatrimonial (artículo 10 Ley 75 de 1968).

Desde luego en el proceso en que se invoque como causal para interpretar la declaración judicial de paternidad la posesión notoria del estado civil de hijo extramatrimonial, los testimonios exigidos por la ley para su prueba habrán da ser apreciados por el Juez atendidas las peculiaridades específicas del caso concreto, tales como el medio social en que se desenvuelve el diario vivir del presunto padre y quien dice ser su hijo, el estado civil del primero, su profesión u oficio su capacidad económica, su grado de cultura, las características propias de su personalidad, las condiciones particulares de los testigos y otras semejantes.

En todo caso, de este conjunto de testimonios el juez concluido su análisis ha de formarse la convicción incontrastable de que existe la posesión notoria de ese estado civil, por encontrarse acreditado: el trato como hijo por el presunto padre a quien pide se le declare como tal lo que mira a la conducta positiva del primero en relación con la crianza, establecimiento y educación del segundo; el conocimiento público de esa conducta por vecinos, familiares y amigos que lo reputan como padre de esa persona, en fin, que ese trato hubiere tenido a lo menos una duración de cinco años.

Ello significa que la convicción del juez sobre la incontrastabilidad de esos testimonios tiene que desprenderse de la labor intelectiva del juzgador, es decir, del grado de certeza que la ponderación de las declaraciones testifícales se forme en su intelecto actividad en la cual el juez no puede ser constreñido por el legislador pues en ella es, y tiene que ser, autónomo (cfr. Sentencia del 6 de diciembre de 1990, proferida por la Corte Suprema de Justicia).

“A tres se reducen, pues, los elementos configurativos de este estado, a saber: trato, fama y tiempo.

El primero de ellos tiene que ver directamente con la actitud del padre o de la madre frente al hijo valorada desde luego a la luz de una cualquiera de las siguientes conductas: proveer o haber provisto a su subsistencia, educación y establecimiento. De consiguiente “cualquie­ra otras manifestaciones distintas, indicativas como admisibles de vinculaciones familiares entre tales sujetos, pueden servir para comprobar el tratamiento ¡jurídico contemplado por la ley para el efecto expresado, pero jamás lo suplen..” (G.J. LXXVIII, pág. 500).

Dimana de lo anterior que, para establecer el trato, no es suficiente que el progenitor y el hijo se den mutuamente el calificativo de tal, como quiera que esta circunstancia no está prevista en el articulo 60. de la Ley 45 de 1936 entre los hechos posesorios de este estado por él determi­nados. Con todo, como la presentación que se haga en forma reiterada del hijo natural a deudos y amigos es sin duda la aceptación pública de la existencia del vínculo paterno filial, apenas resulta acertado concluir que, aun cuando esta forma de confesar el hecho carezca del poder autó­nomo para generar legalmente el reconocimiento, la prueba demostrativa de este episodio si “fortifica la convicción que se tendrá de que también proveyó a su subsistencia, educación y establecimiento en los términos del artículo 60. de la Ley 45 de 1936” (G J. CVI, pág. 140). Entonces, las manifestaciones públicas de reconocimiento hechas al hijo natural o las presentaciones que en esa calidad haga de él su presunto padre o madre, cumplen al menos la función de prueba complementaria del trato, en los eventos en que se hallan debidamente acreditadas. Por eso aun cuando esta Corporación ha reiterado, con base en el artículo 60. de la Ley 75 de 1968, que atender los gastos de subsistencia educación y establecimiento es comportamiento insustituible para demostrar el trato, ella tampoco le resta valor como prueba corroborante de la paternidad’, por la causa de posesión notoria, a hechos “como la presentación del hijo como tal, las declamaciones del mismo padre al respecto, y hasta hechos tangentes de otras causales, que sin ser suficientes para fundar por sí solos la declaración de filiación natural, indirectamente coadyuvan a la formación del convencimiento acerca de la posesión notoria, como lo serían las relaciones sexuales entre la madre y el presunto padre coetáneas al nacimiento del hijo pero sin que se pueda decir con certeza que tales relaciones existieron o no en la época precisa en que legal­mente se presume la concepción”. (Cas. de 10. de agosto de 1969, tomo CXXXI, pág. 113 y 114).

La fama, es, por su parte, la conciencia que, en torno a la existencia de la relación familiar, despierta en los deudos, amigos y el vecinda­rio en general el hecho de que el presunto padre o madre haya atendido la subsistencia o educación o establecimiento del hijo extramatri­monial, que por no ser comportamiento oculto sino notorio se vuelve del conocimiento de todo el vecindario, que en esta forma no puede menos que inferir la presencia de una vinculación paternofilial. Dicho elemento resulta así condicionado al acaecimiento del trato, como quiera que la concepción normativa de éste es la que determina ciertamente su contenido material.

Adicionalmente, la doble situación del trato y fama ya comentados debe haber tenido una duración mínima de cinco años continuos, por­que bien puede suceder que, aun cuando los hechos correspondientes se encuentren plenamente probados, la no acreditación de la vigen­cia de ellos en el tiempo, impide la declaración judicial de la paternidad.

Sin embargo, es necesario precisar que la Corte ha expresado reiteradamente la necesidad de morigerar el rigor interpretativo que ha de dársele a la prueba de estado de hijo extramatrimonial, por cuanto ha entendido que, en el preciso ámbito de la contemplación objetiva de los medios de convicción, nuestro sistema legal y especialmente la Ley 75 de 1968 no ha implantado un régimen de tan extremada exigencia que haga imposible su demostración y, por ende, nugatoria la procedencia de la declaración judicial de paternidad que sobre dicho estado se edifique. Basta entonces, que el presunto padre o madre natural no haya eludido la satisfacción de las necesidades de subsistencia o educación o establecimiento del hijo o que las haya atendido en la medida de sus posibilidades, para que se forme en el ánimo del fallador la convicción de que el vínculo unitivo no puede ser otro que el de filiación.

A este respecto ha puntualizado con toda claridad la doctrina de esta Corporación, que “Una declaración no puede ser en materia alguna de precisión matemática, estereotipada y precisa en todos sus mínimos detalles. Ello sería contrario a la naturaleza humana, y si tal aprecia­ción objetiva hubiera de exigirse al testigo ninguna declaración podría ser utilizada por la justicia”. (Cas. de 2 de junio de 1958, LXXXVIIII, 121; 21 de febrero de 1964, CVI, 141 ). Precisando aún más el criterio precedente ha dicho la Corte que “el testigo ha de dar la razón de su dicho y si, en principio esta razón ha de ser explicita en los términos de la exposición misma, tomada en su conjunto; y si tratándose de una declaración cuyos varios puntos. por razón de la materia, están íntimamente enlazados entre sí, la razón de una de las respuestas podría encontrarse en la contestación dada a otro de los puntos de la misma exposición. Como lo enseña la doctrina, “cuando se trata de la prueba testimonial no se pueden analizar aisladamente unos pasajes de la declaración si no que debe serlo en su conjunto para deducir su verda­dera significación” . (Cas. Civil de 21 de febrero de 1964, CVI, 140; Sent. de 27 de marzo de 1981).

En este mismo orden de ideas ha señalado la Corte que “no es lo mismo apreciar un testimonio cuyo objetivo es el relato de hechos acaecidos recientemente, que otro cuya versión se refiere a sucesos ocurridos hace muchos años; ni se puede tratar con igual medida la forma de la narración, la manera de expresarse de un humilde campesino y la de una persona de alta cultura; ni se puede pedir igual precisión para el recuerdo de los hechos fundamentales, que para los que son simplemente casos accidentales, ni se puede desechar la declaración que incurre en pequeñas contradicciones para acatar solamente las que coinciden plenamente como si hubieran sido vertidas en un mismo molde; ni se puede exigir que persona de exigua cultura refiera los acontecimientos con las mismas palabras que usaría quien goza de fogosidad verbal”. (Sent. del 14 de julio de 1975; 6 de mayo de 1977; 30 de septiembre de 1977; 30 de julio de 1980; y 27 de marzo de 1981).

Ha dicho adicionalmente la Corle que “no es jurídico exigir que cada uno de los testigos se refiera siempre a actos posesorios que hayan durado por más de cinco años, pues, en el punto, basta que sumados los periodos menores a que ellos digan relación, el total comprenda un lapso mayor y continuo de cinco años. Tampoco se exige que los testimonios fidedignos expresen, explícitamente, que la duración de la posesión fue mayor de cinco años, pues es suficiente que de ellos surjan datos ciertos que permitan Ilegar, aunque sea por la vía de la inferencia, a la conclusión de que la posesión

se prolongo por más del quinquenio. Del mismo modo, no se requiere en todos los casos, que la prueba demuestre que el demandado ha atendido a la subsistencia, a la educación y al establecimiento del hijo, pues es claro que por ejemplo, al cumplir cinco años de edad el hijo que después de su nacimiento haya sido asistido por su padre, puede ejercitar la acción de investigación con apoyo en la existencia de hechos constitutivos de posesión notoria, aunque no se haya iniciado su etapa escolar y menos de su establecimiento. Basta en el particular que el padre, según las circunstancia, no haya eludido la satisfacción de esos primordiales deberes y, antes bien. los haya prestado en la medida a de sus fuerzas y dentro de las condiciones especiales que cada caso pueda ostentar, de tal manera que si sirven para fundar en el ánimo del . :”fallador la convicción sólida, como lo ha dicho la Corte, de que el vinculo unitivo de tales personas no puede ser otro que el de la paternidad o la filiación. Y sobre la notoriedad de la posesión, -.”la doctrina jurisprudencial tiene sentado que “Basta que los hechos se exterioricen ante un conjunto de personas por signos inequívocos, para que la filiación, por dejar de ser oculta, se haga notoria y prospere la inferencia de que así como ese grupo de personas tuvo al demandante como hijo de tal padre, no había secreto para todo el vecindario, aunque otros no se preocuparan de averiguado o de saberlo, o prefieran ignorar todas esas cosas””. (Cas. Civil 26 de septiembre de 1973. CXLVII-77 y 78; y 28 de septiembre de 1978).

Ha sido igualmente criterio de la Corte el de que por “la naturaleza misma de los hechos que configuran la posesión notoria, es lógico que la ley se haya referido de modo especial a la prueba de testigos, la cual, sin embargo, no excluye de manera alguna otra clase de pruebas, que sean pertinentes y legalmente eficaces para demostrar el trato y la fama y, por ende, para constituir el conjunto de testimonios a que se refiere el articulo 399 del Código Civil, antes por el contrario, lo deseable es que la convicción del juez pueda formarse no sólo a través de la prueba testimonial que reúna los requisitos indicados, sino también por otros medios corroborantes del dicho de los testigos…”. Y añade la Corte: “De esta suerte, se repite, son de recibo para probar el trato y la fama que configuran la posesión notoria, todos los elementos de convicción que autoriza la ley. Así, se reitera lo dispuesto por la Corte en sentencia de 21 de febrero de 1964, de que “Todo medio legal conducente a formar parte de ese conjunto de testimonios es susceptible de ser recibido como prueba de la posesión notoria” (Cas. Civil de 1971, T. CXXXVIII, Págs. 217 y 218)”. (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de (febrero 21 de 1992).

B-Proceso de filiación: investigación de la paternidad

  1. El defensor de familia que tenga conocimiento de la existencia de un niño de padre o madre desconocidos ya sea por virtud del aviso previsto en el articulo 10. de la ley 75 de 1968, o por otro medio, promoverá inmediatamente la investigación correspondiente, para allegar todos los datos y pruebas sumarias conducentes a la demanda de filiación a que ulteriormente hubiere lugar.

Durante el embarazo la futura madre y el defensor de familia, si ella se lo solicita, podrá promover en el juzgado de familia la investigación de la paternidad.

2- Son partes del proceso:

  1. A falta de representante legal, tiene derecho a demandar la declaratoria de filiación para un menor, la persona o entidad que ha cuida­do de su crianza.
  2. En los juicios sobre filiación el procedimiento puede ser secreto, a petición de parte.
  3. Son partes en los juicios sobre filiación: el hijo por si mismo, o representado por quien ejerza su patria potestad o su guarda, cuando es . incapaz, la persona o entidad que haya cuidado de la alianza o educación del menor y el defensor de familia.

Las acciones judiciales dirigidas a obtener que se declare la filiación, se surten precisamente por medio de abogado titulado, salvo cuan­do las siga el defensor de familia.

3- Formulada la demanda por el defensor de familia o por cualquiera otra persona que tenga derecho a hacerlo, se le notificará personal­mente al demandado, quien dispone de ocho días para contestarla.

En caso de oposición o de abstención del demandado el proceso se abrirá a prueba por el término de veinte días, durante el cual se or­denarán y practicarán las que sean solicitadas por las partes o que el juez decrete de oficio.

Si el juez lo considera indispensable, podrá ampliar hasta por diez días más el término probatorio aquí señalado, para practicar las que quedaren pendientes.

todo caso, el juez exigirá juramento al demandado conforme al artículo 10., ordinal 40., de la Ley 75 de 1968, para lo cual bastará una citación personal de aquel, y celebrará durante el término de prueba audiencias con intervención de las partes y de los testigos, a 8n de esclarecer no solo lo tocante a la filiación del menor, sino los demás asuntos por decidir en la providencia que ponga en a la actuación, y podrá decretar de oficio las pruebas que estime conducentes a los mismos fines.

4-Conforme con el artículo 7° de la Ley 75 de 1968, modificado por el artículo 1° de la Ley 721 de 2001 en todos los procesas para esta­blecer paternidad o maternidad, el juez, de oficio, ordenará la práctica de los exámenes que científicamente determinen índice de probabili­dad superior al 99.9 % .

Los laboratorios legalmente autorizados para la práctica de estos experticios deberán estar certificados por autoridad competente y de conformidad con los estándares internacionales.

mientras los desarrollos científicos no ofrezcan mejores posibilidades, se utilizará la técnica del DNA (sic) con el uso de los marcadores genéticos necesarios para alcanzar el porcentaje de certeza indicado.

El informe que se presente al juez deberá contener como mínimo, la siguiente información: a) Nombre e identificación completa de quienes fueron objeto de la prueba

  1. b) Valores individuales y acumulados del índice de paternidad o maternidad y probabilidad; c) Breve descripción de la técnica y el procedimiento utilizado para rendir el dictamen;
  2. d) Frecuencias poblacionales utilizadas;
  3. e) Descripción del control de calidad del laboratorio.

5- Vencido el término probatorio se surtirá nueva audiencia dentro de los ocho días siguientes, en la cual las partes podrán hacer el re­sumen de sus pretensiones y argumentos. El juez pronunciará sentencia, dentro de los ocho días siguientes. En la sentencia se decidirá, si antes no se hubiere producido el reconocimiento, sobre la filiación demandada y a quién corresponde el ejercicio de la patria potestad, habida cuenta de todos los factores que pueden influir sobre la formación de aquel, o si se le pone bajo guarda, y a quién se le atribuye. También se fijará allí mismo la cuantía en que el padre, la madre o ambos habrán de contribuir para la alianza y educación del menor, según las necesidades de este y la condición y recursos de los padres.

6- Los artículos 17 y 18 de la Ley 75 de 1968 rezan en su orden:

“Art. 17- La determinación del estado civil que se haga en la sentencia dictada por el juez de menores surte todos los efectos legales mientras no sea infirmada en el juicio de revisión de que trata el artículo siguiente.

“Sin embargo, no se corregirá el ada de nacimiento mientras no haya vencido el término que el mismo artículo señala para incoar tal ac­ción sin que esta se haya ejercido, o hasta que se produzca el fallo que ponga fin al juicio, si este fuere intentado.

art. 18: La sentencia dictada por el juez de menores, en cuanto se refiera al estado civil, es revisable por la vía ordinaria.

La acción de revisión no podrá intentarse por el demandado sino dentro de los dos años siguientes a la publicación del fallo y, por parte del demandante, dentro de los cinco años, contados a partir de la misma fecha. Los herederos de las partes, y el cónyuge en su caso, podrán proponer el juicio dentro de los mismos términos que el difunto

Empero, el Decreto 2272 de 1989, al reorganizar y unificar la jurisdicción de familia, cambió la denominación de los jueces civiles de me­nores y promiscuos de menores por la de jueces de familia y promiscuos de familia. Tal Decreto eliminó la facultad de revisar las sentencias de filiación extramatrimonial, mediante la acción prevista de los artículos 17 y 18 citados, pues los artículos 30., 50. y 90. del mismo crean una jurisdicción de familia encargada en forma exhaustiva de las acciones y procesos sometidos a ella.

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