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in Familia - 24 May, 2015
by josebula - no comments
Modelo de demanda de reglamentación de visitas

Modelo de demanda de reglamentación de visitas

 

Señor

JUEZ DE FAMILIA DE ……… (REPARTO)

  1. S. D.

……. .. mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, obrando como apoderado del Señor …… . ., también mayor y vecino de esta ciudad, conforme al poder que adjunto, me permito formular ante su despacho Demanda de Reglamentación de Visitas(9) contra la Señora igualmente mayor y de esta vecindad.

HECHOS

PRIMERO: Mi poderdante, el Señor …. … y la demandada, Señora ………. ., contrajeron matrimonio en la ciudad de …. … el día…. del mes…… del año…….

SEGUNDO: Del anterior matrimonio nacieron los hijos ………….., menores aún en la actualidad.

TERCERO: Los menores nombrados se encuentran hoy día bajo el cuidado de la demandada, Señora …., en su calidad de madre legítima.

CUARTO: La demandada no permite que mi poderdante visite a los menores hijos, lo cual viene ocurriendo desde …. , fecha en la cual los cónyuges decidieron separarse de hecho.

QUINTO: Pese a las reclamaciones efectuadas por mi mandante la demandada no ha querido acceder para que mi defendido visite a los menores, razón por la cual se hace necesaria la intervención judicial.

PETICIONES

Teniendo como base los anteriores hechos, solicito de su despacho:

PRIMERO: Que se reglamente en forma provisional las visitas que debe efectuar mi poderdante, Señor ……… a los menores …. … en su condición de padre, mientras se ventila el presente proceso.

SEGUNDO: Que se reglamente, de manera definitiva, las visitas que ha de efectuar mi mandante, Señor ……., a sus hijos menores ……..

DERECHO

Invoco como fundamento de derecho lo preceptuado en el artículo 256 del Código Civil y 435 ordinal 5o del Código de Procedimiento Civil.

PRUEBAS

Solicito se tengan y practiquen como tales las siguientes:

  1. Documental: Registro civil de matrimonio de mi poderdante con la Señora …………. .; registro civil de naci­miento de los hijos menores ……………
  2. Interrogatorio de parte: Ruego citar y hacer comparecer a la Señora ….. …….. para que absuelva el interro­gatorio de parte que personalmente le formularé en la fecha que su despacho determine.

PROCESO Y COMPETENCIA

A la presente demanda debe dársele el trámite de un proceso verbal sumario.

Por la naturaleza del asunto y el domicilio de las partes y residencia de los menores, es usted competente, Señor ,juez, para conocer de la presente demanda.

ANEXOS

Me permito anexar poder a mi favor, los documentos aducidos como pruebas y copia de la demanda para el archivo y con sus anexos para el correspondiente traslado.

NOTlFICACIONES

Mi poderdante las recibirá en ……………..

La demandada en ………………”,….

El suscrito en la secretaría del juzgado o en ……………..

Del Señor Juez,

Atentamente,

…………….

C.C. No. …….. de

T.P. No. ……..


Información Adicional 

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La Corte Suprema de Justicia se refirió a la regulación de visitas intentada a través de la acción de tutela, en los siguientes términos: “Ante todo cabe resaltar que conforme a la legislación interna que rige, y por mandato de la propia Carta Fundamental ha sido establecida la figura jurídica de la acción de tutela como un mecanismo de defensa excepcional que tienen todas las personas contra las acciones u omisiones de cualquier autoridad pública, y en los específicos casos que al efecto consagra el articulo 42 del0ecceto 259t de 1991, contra particulares, por el hecho que vulneren o amenacen violar sus derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos carezcan de todo otro medio de defensa judicial contra ellas.

Lo excepcional de este instituto consiste precisamente en la última característica, es decir, en que sólo puede utilizarse a falta de otros recursos o acciones, pues fue incorporado por la Asamblea Nacional Constituyente al derecho patrio con el carácter de medio defensivo supletorio y residual. La tutela no es, pues, ni un recurso adicional a los que se tienen o se tuvieron y se dejaron de ejercitar o lo fueron sin éxito, ni una instancia más dentro de la cual una decisión administrativa o judicial pueda ser revisada por quien la expidió o por un superior jerárquico de éste, salvo claro está que se le emplee como mecanismo transitorio, bien conjuntamente con la acción judicial que se entable para tal fin, o aún antes de iniciarse ésta.

Su procedimiento breve y sumario ante los jueces, únicas autoridades de la República competentes para conocer de ella, no está previsto tampoco como reemplazo de la actuación ordinaria que debe surtirse ante los mismos en el trámite de los asuntos comprendidos en los respectivos códigos de la materia, porque éste constituye en sí mismo un medio de defensa judicial que le cierra las puertas a la tutela. De ahí el carácter excepcional de esta institución, que por no poder contrariar los procedimientos judiciales previamente establecidos en los respectivos códigos ni constituir recurso ordinario ni instancia adicional, sólo puede utilizarse en defecto de otro mecanismo de defensa judicial, como establece el artículo 86 de la Constitución Nacional.

Sentadas estas premisas claramente se advierte, que a través de la acción de tutela no se puede pretender obtener la custodia de las hijas desconociéndose de paso las normas tanto sustanciales como procedimentales que la legislación colombiana consagra para dicho trámite. Así entonces, si la custodia ha sido asignada al padre de las menores por decisiones judiciales en firme emanadas de jueces colom­bianos, como enfáticamente lo expresan los hechos de que da cuenta esta acción, mal podría ahora, a través de este mecanismo entrar a privársele de ella, por cuanto aunque se de las circunstancias que narra la accionante para que éste pierda la custodia, como ésta no opera de pleno derecho, se hace necesario que a través del proceso adecuado con apoyo en las pruebas que acrediten su pérdida, se obtenga decisión judicial que así lo determine.

De otro lado, la acción u omisión de todas las autoridades públicas del Estado y de los particulares en los casos que se prevé por la ley, son pues por mandato constitucional susceptibles de ser atacadas mediante la acción de tutela, y para conocer de ellas son competentes a prevención, “los Jueces o Tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud” (Artículo 37 del Derecho 2591 de 1991).

A este respecto es bueno recordar también, cómo de acuerdo con la sentencia C-543 que sobre inconstitucionalidad profiriera la Corte Constitucional el 10. de octubre de 1992 publicada el 20 del mismo mes y año, órgano competente para hacerlo, se declararon inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario de esta acción, con lo que se ha determinado la improcedencia de la misma contra actuaciones y decisiones judiciales, por lo que si a través del proceso de regulación de visitas que se tramita ante el Juez … Civil del Circuito de esta ciudad, como parece desprenderse del escrito de tutela presentado, se han proferido por dicho funcionario algunas providencias a través de las cuales se vienen solicitando una serie de garantías que a juicio de éste se hacen necesarias para regular el régimen de visitas de que se ocupa el proceso; contra tales decisiones como es lógico deviene improcedente la presente acción. En cuanto a que se haya violado el derecho de petición por parte de dicho juez, no expresa la tutela qué tipo de petición concreta no le ha sido resuelta por éste, con le que tampoco es dable determinar la violación específica de este derecho fundamental, como que no obra prueba en el expediente que indique que por parte de dicho funcionario se encuentre pendiente a resolver petición alguna, que al efecto haya sido eleva­da por las aquí demandantes. Así las cosas, contra el Juez …. de Familia de esta ciudad, no prospera la acción de tutela impetrada.

En verdad que conforme el ordinal 10. del artículo 277 de la Constitución Nacional que rige, se le ha asignado al Procurador General de la Nación, el que por si o por medio de sus delegados ejerza la función de vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales, y los actos administrativos, y cabalmente las pruebas indican que a través de sus delegados ha estado vigilante de lo que ocurre, por ejemplo, en el proceso de regulación de visitas, función que desde luego no puede ir más allá.

Otro tópico bien diferente muestran las imputaciones que se hacen al padre de las menores, al no permitirse por parte de éste. que res­pecto de ellas, se ejerza por su madre los derechos de patria potestad y de visitas, en condiciones humanas fundamentales, conforme se tiene establecido en normas especiales como son los Tratados Internacionales, que en esta materia han sido debidamente suscritos por Colombia y que prevalecen al orden interno que rige, derechos que por lo demás vienen a ser correlativos de los que tienen las menores a ser visitadas, orientadas, amadas y educadas por su madre, con quien pueden además compartir momentos de sano esparcimiento y recreación, máxime cuando ha sido previamente convenido por los ex-cónyuges la manera como se desarrollarán estas actividades, acuer­dos que se encuentran recogidos por sentencias que siguen vigentes en su ejecución, por virtud de no obrar aún otra que contravenga lo establecido en la separación de cuerpos y de divorcio proferidas por los jueces colombianos.

La regulación de visitas y permanencia de los hijos con el padre o la madre de cuyo cuidado se hubiesen sacado (artículo 256 del C.C.), no debe entenderse como una potestad que le permita a los padres someter a los hijos y al marido imponer y ser preferido frente a la madre, como lo era antes en la concepción tradicional, derivada de la patria potestad y la potestad marital, en primer término, porque se trata de una institución jurídica, salvo excepciones, autónoma e independiente de estos fenómenos. Y, en segundo lugar porque dentro de la actual cc: concepción familiar (basada ante todo en la unidad dentro de la diversidad, igualdad y autonomía de sus miembros), el aspecto subje6vo de aparece como un derecho familiar de los padres limitado en su contenido hasta el punto que puede Ilegar a ser sustituido por “el interés superior del menor’ (art. 20 del Decreto 2737 de 1989 Código del Menor). Pues dado el tratamiento actual de este último, no como objeto o sujeto pasivo de los padres sino como persona con interés y autonomía funcional distintas a la de estos últimos, el derecho de aquél ha de prevalecer aún a costa del derecho que habría de corresponder a los padres, tal como ocurría. por ejemplo, en aquella situación Irregular de abandono o de peligro cuando por la ruptura de los lazos de pareja (por separación de hecho o derecho divorcio, nulidad del matrimonio o cualquier otro motivo) se afecta la salud tísica o mental del menor, particularmente cuando con ella se intensifica la angustia y la Incertidumbre de su estado o se trata de influir en el menor con el propósito de suscitar aversión o desapego hacia alguno de sus progeni­tores (art.31 numeral 7 y parágrafo 20., Código del Menor citado). a este es un derecho de rango constitucional fundamental que necesariamente debe ser protegido en favor de los menores. regulación de visitas es reglada por la jurisdicción, con características de normatividad y dirección continuada, lo que indica que, la convenida por los padres ….. respecto de sus hijas, y recogida por las sentencias multicitadas, conserva su vigencia entre tanto otra decisión que bien puede ser la que se Ilegue a proferir por el Juez … de Familia en el proceso de regulación de visitas referido, u otra que obedezca a por ejemplo a una acción de custodia o similar que instaure la madre, la modifiquen pero mientras ello ocurra es procedente tutelar de manera transitoria este amparo, máxime si como expresamente lo ha garantizado en varias oportunidades el gobierno italiano, las menores pueden visitar a su madre en dicho país, con la seguridad de ser regresadas a Colombia” (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de febrero 9 de 1993).

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