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in Familia - 24 May, 2015
by josebula - no comments
Modelo de demanda de suspensión de la patria potestad

Modelo de demanda de suspensión de la patria potestad

 

Señor

JUEZ DE FAMILIA DE ……… (REPARTO)

  1. S. D.

. ….. .., mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado como aparece al pie de mi firma, en ejercicio del poder conferido por …….. , también mayor y vecino de esta ciudad, respetuosamente manifiesto que presento demanda de suspensión de patria potestad(8) en contra de ……….. ., con respecto a los menores hijos ……… y …………

HECHOS

PRIMERO: Mi poderdante contrajo matrimonio con “……….. el día …. del mes de ….. del año …..

SEGUNDO: De esa relación fueron procreadas las menores …….. y …. .., de…… y ……. años respectivamente como se demuestra con los correspondientes registros civiles de nacimiento adjuntos.

TERCERO: La demandada, esposa de mi poderdante ha incurrido en las causales de suspensión de la patria potestad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 310 y 315 del Código Civil, consistentes en ………… (enunciarlas causales).

CUARTO: Mi poderdante es persona de reconocida honorabilidad, responsable, ha atendido con consagra­ción y esmero las más urgentes necesidades de sus hijos, brindándoles amor y los cuidados necesarios para su edad.

PETICIONES

Al tenor de los hechos indicados, solicito a su despacho que previos los trámites indicados en los artículos 64 y siguientes de la Ley 83 de 1946 y en la Ley 75 de 1968, artículos 23, 24 y 25, artículos 423 y ss. del C. de P.C., con citación y audiencia del Señor Defensor de Familia respectivo, se decrete en sentencia definitiva que haga tránsito a cosa juzgada:

  1. La suspensión de la patria potestad ejercida por …………… sobre sus hijas ……………… y ……………, menores de edad, por haber incurrido en las siguientes causales ………… (enunciarlas).

Esta suspensión debe decretarse por todo el tiempo que dure la causa que da origen a la presente demanda. 2. La inscripción de la sentencia de conformidad a lo ordenado por el Decreto 1260 de 1970 en la Oficina de Registro del Estado Civil.

  1. La condena en costas a la demandada, en caso de posición.

DERECHO

Invoco como fundamento de derecho las siguientes disposiciones legales: Articulo 310 311, 312 y 315 del Código Civil; artículos 64, 65, 66 a 69 de la ley 83 de 1946; artículos 23, 24 y 25 de la Ley 75 de 1968; artículos 75, 77, 82 a 87, 427 y ss., del Código de Procedimiento Civil.

PROCESO Y COMPETECIA

Por la naturaleza del proceso y la edad y vecindad de los menores, es usted, Señor Juez, competente para conocer del asunto.

El proceso que debe seguirse es el verbal de mayor o menor cuantía, regulado por los artículos 427 y siguien­tes del Código de Procedimiento Civil.

PRUEBAS

Solicito se tengan como medios de prueba los siguientes:

  1. DOCUMENTOS, Registro civil de matrimonio de mi poderdante con la señora …,………. y registro civil de nacimiento de las menores.
  2. TESTIMONIOS: Sírvase recibir declaración a las siguientes personas, para que declaren sobre los hechos de la demanda: ……….. (indicarlas).
  3. INTERROGATORIO DE PARTE: Sírvase recibir declaración de parte a la demandada, señora …………. , para que absuelva interrogatorio de parte que personalmente le formularé.

ANEXOS

Me permito anexar tres copias de la demanda: una para el archivo del Juzgado y dos para el traslado a la de­mandada y al Defensor de Familia, con sus correspondientes anexos, los documentos aducidos como pruebas y poder a mi favor.

NOTFICACIONES

Mi poderdante en la ……… No. ……. de esta ciudad.

La demandada en la ………. No. ….. de esta ciudad.

El suscrito recibirá notificaciones en la secretaría de su despacho o en la …….. No. …,. oficina ….. de esta ciu­dad.

Del Señor Juez.

Atentamente.

……………………………..

C.C. No. …… de …

T.P. No. ……


Información Adicional 

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En el sentido amplio del vocablo, la patria potestad es el conjunto de prerrogativas y obligaciones legalmente reconocidas. en principio, al padre y a la madre, parcialmente a los ascendientes y Subsidiariamente a los terceros, respecto a los hijos menores considerados tanto en sus personas, como en sus patrimonios. Esta noción de la patria potestad es muy amplia. Por el momento adviértase, simplemente, que la patria potestad no corresponde ya a la concepción antigua de un conjunto de prerrogativas en favor de los padres; es, por el contrario, una obligación en el sentido verdadero del término, a cargo de los padres y en favor de los hijos, cuyo objeto es la educación de éstos (sobre la evolución de la patria potestad en la historia). Obsérvese, igualmente, que la patria potestad está ligada a la noción de la minoría de edad” (Julien Bonnecase, Tratado Elemental de Derecho Civil, Editorial Harla, pág. 184 y 185).

“La patria potestad, en estricto sentido jurídico y teniendo en cuenta en qué consiste la autoridad paterna, puede decirse que es el conjun­to de derechos que la lev otorga a los padres de familia para representar al hijo no emancipado, administrar y usufructuar los bienes de éste. Estos derechos son los que la ley confiere, da u otorga como compensación al cumplimiento de obligaciones naturales que tienen los

padres pero no “para facilitarse el cumplimiento de deberes”, pues esto lo hace al realzar los derechos y deberes recíprocos y naturales, reconociéndolos en su texto legal.

Del art. 288 del C.C., en la redacción que le han dado los arts. 13 de la Ley 75 de 1968 y 24 del Decreto-Ley 2820 de 1974 se deduce que son dos los sujetos de la patria potestad activo, quien la ejerce; y pasivo, sobre quien se ejerce.

  1. a) Sujeto activo. En la familia legitima lo son los padres conjuntamente y a falta de uno de ellos la ejercerá el otro. En la familia natural “corresponde a la madre, y al padre naturales”, siempre que hayan reconocido al hijo como tal, voluntariamente, En la familia adopti­va, si es un matrimonio el que adopta, ambos cónyuges la ejercen, y si es una sola persona -casada o soltera o viuda- la ejercerá ella,

En nuestro concepto, de acuerdo con la nueva redacción que da el art. 50 del Decreto-Ley 2820 de 1974 al art. 449 del C.C. sobre con­cesión conjunta de derechos para designar como guardadores testamentarios a los “padres de los hijos extramatrimoniales, si viven juntos”, la patria potestad debe ser compartida por ellos, al igual que cuando se trata de hijos matrimoniales (legítimos), y entenderse el vivir juntos en el sentido de que sean los padres y los hijos, o de lo contrario, el padre o la madre que viva en el mismo hogar con el hijo.

También debe tenerse en cuenta que hoy en día, aunque el art. 20 de la Ley 75 de 1968 fue derogado por el 13 del Decreto 770 de 1975, existe compatibilidad del ejercicio de la patria potestad por parle del padre natural casado sobre su hijo extramatrimonial (natural), pues la expresión “siempre que no esté casado” que traía el art. 14 de la Ley 45 de 1936, había sido suprimida por la primera disposición (art. 20) y no volvió a reproducirse (Ley 75 de 1968, art, 21).

Ahora bien, la expresión a falta de uno de los padres que traen las normas citadas al principio, se entenderá no solo en el caso de que uno de los padres haya sido privado (desposeído) de la patria potestad (C.C., art. 119, en la nueva redacción del art. 3° del Decreto 2820 de 1974 para los casos de emancipación voluntaria, legal o judicial; arts. 312 a 315 del C.C., en su nueva redacción como se verá adelante), sino también el de la suspensión (puede reasumirse luego) que se presenta “con respecto a cualquiera de los padres, por su demencia, por estar en entredicho de administrar sus propios bienes y por su larga ausencia”, según el art. 310 del C.C. en la redacción que trae el art. 1D del Decreto-Ley 772 de 1975.

  1. b) Sujeto pasivo. En general, lo son todos los hijos de familia (inc. último del art. 19 de la Ley 75 de 1968), es decir, los menores de die­ciocho años no emancipados, a saber:

1) Los legítimos y los legitimados (estos están equiparados a aquellos en derechos y obligaciones según los arts. 245 y 246 del C.C.) no emancipados;

2) Los hijos naturales no emancipados, o sea, los extramatrimoniales reconocidos por ambos padres, o, al menos por uno de ellos (C.C., art. 62);

3) Los hijos adoptivos no emancipados y en relación con sus padres adoptantes (C. del M., art. 97).

Observábamos, al hablar de la autoridad paterna, que esta como la patria potestad están regidas por normas de orden público y que no son objeto de comercio, es decir, que estas son características esenciales de dichas instituciones.

Vimos también el campo de acción de la autoridad paterna; ahora nos corresponde analizar el campo o atributos de la patria potestad, ya que esta es unidad trinitaria. Sus tres elementos son:

  1. a) Representación legal del hijo no emancipado; b) Administración de los bienes de ese hijo; y
  2. c) Usufructo de esos bienes. Estudiémoslos separadamente.

fiel presentación Legal. El hijo de familia es un incapaz -absoluta o relativamente-, ya sea púber o impúber; estos incapaces, para poder actuar jurídicamente, deben ser asistidos por su representante, que en el caso de los hijos de familia lo es el padre o la madre que ejerza la patria potestad (C,C., art. 62).

Como esta representación puede presentarse y se presenta en diversos sentidos y en diferentes épocas, ella puede ser o calificarse de dis6ntos modos, así: representación legal general y representación legal especial; a su vez, esta puede ser directa e indirecta.

La representación general u ordinaria es aquélla que tiene el padre respecto al hijo en todo sentido, no solo en los actos que la beneficien como adquisición de bienes, sino en los actos en que esté obligado a responder o que contenga obligaciones, ya sea dentro de un proceso judicial como en los extrajudiciales.

La representación especial hace referencia únicamente a la administración del patrimonio del hijo.

La representación directa se da en los casos de hijos de familia absolutamente incapaces, en los cuales, quien tenga la patria potestad, necesariamente debe representar al impúber, o sea, obrar en nombre suyo en forma directa; actúa el padre pero ante la ley se tiene que el obligado o beneficiado es el menor, aunque éste no haya obrado.

La representación indirecta se establece cuando el hijo relativamente incapaz puede actuar personalmente pero para la validez del acto requiere la autorización o la ratificación del padre o madre de familia, o sea de quien tiene la patria potestad. Mas es necesario tener en cuenta que esta clase de representación no se presenta respecto de bienes del peculio profesional del menor adulto, pues el art. 294 del C C. dice que “el hijo de familia se mirará como emancipado y habilitado de edad para la administración y goce de su peculio profesional o industrial”, ni en el caso de disposición de bienes por acto testamentario (C.C., arts. 309 y 1061), casos en los cuales el hijo actúa por si mismo, sin la asistencia del padre o de la madre, como si fuera mayor de edad.

El art. 302 del C.C., en la nueva redacción que le da el art. 36 del Decreto 2820 de 1974 dice: “Los actos o contratos que el hijo de familia ce­lebre fuera de su peculio profesional o industrial y que sean autorizados o ratificados por quien ejerce la patria potestad, obligan directamente a quien dio la autorización y subsidiariamente al hijo, hasta la concurrencia del benéfico que éste hubiere reportado de dichos negocios” .

Ahora bien, dentro de la representación general, y aun en la especial, se da la representación judicial que recae en litigios sobre bienes o sobre atributos mismos de la persona, por lo cual se requiere una representación propia, conocida con el nombre de judicial, por cuanto los incapaces no pueden comparecer directamente en juicio por carecer de capacidad procesal y, por consiguiente, deben hacerlo por medio de sus representantes legales.

Cuando un impúber o infante tenga que acudir al poder judicial debe valerse de su representante legal, quien actúa a nombre de aquél, pues es un incapaz absoluto Si es menor adulto, también debe contar con la asistencia o autorización de ese representante para que le complemente esa incapacidad relativa que tiene, como norma general.

En efecto, el art. 306 del C.C., en la nueva redacción del art. 39 del Decreto 2820 de 1974, que lo reunió con el 306 del C.C., dice: “La representación judicial del hijo corresponde a cualquiera de los padres.

“El hijo de familia sólo puede comparecer en juicio como actor, autorizado o representado por uno de sus padres. Si ambos niegan su consentimiento al hijo o si están inhabilitados para prestarlo o si autorizan sin representarlo, se aplican las normas del Código de Procedi­miento Civil para Ia designación del curador ad litem.

“En las acciones civiles contra el hijo de familia deberá et actor dirigirse a cualquiera de sus padres, para que lo represente en la litis. Si ninguno pudiere representarlo, se aplicarán las normas del Código de Procedimiento Civil para la designación de curador ad literri’.

El Código de Procedimiento Civil, en su art. 45 trae las reglas sobre designación del curador ad litem, bien directamente por el juez, bien por el mismo menor adulto, para añadir en el art. 46 que “sólo lo podrán ser los abogados inscritos”.

Mas esta representación judicial tiene sus excepciones, pues el titular de la patria potestad carece de la representación en estos casos a) En lo referente al peculio profesional o industrial del hijo de familia, pues en este aspecto se lo considera como emancipado y habilita­do de edad (C.C., art. 294);

  1. b) En lo referente a los bienes “donados, heredados o legados”, cuando así lo ha impuesto el causante (C.C., art. 295, en la redacción del art. 29 del Decreto-Ley 2820 de 1974).

A este respecto no compartimos la supresión que le hizo al texto original del art. 295 el precitado decreto, por cuanto aquél decía que tampoco tenía la administración y la consiguiente representación en lo referente a los bienes recibidos por el hijo “por incapacidad o indignidad del padre. o por haber sido éste desheredado’. Si fue incapaz o indigno de recibir por herencia, legado o donación el titular de la patria potestad ¿cómo va ser capaz o digno de administrar o representar lo de su hijo? ¿No podría darse ahí cierta displicencia, aunque no tuera de notoriedad tal que implicara la pérdida o suspensión de la patria potestad y todo en perjuicio soslayado del hijo? -La culpa solo se presume “cuando se disminuyen consi­derablemente los bienes o se aumenta el pasivo, sin causa justificada” -reza el último inciso del nuevo art. 299 del C.C.

Si la reforma introducida al art. 299 del C.C. por el art. 33 del Decreto-Ley 2820 de 1974 condujo a decir que “tanto la administración co­mo el usufructo cesan cuando se extingue la patria potestad y cuando por sentencia judicial se declare a los padres que la ejercen respon­sables de dolo o culpa grave en el desempeño de la primera” ¿por qué no se aplicó la misma lógica en el art. 295 del C.C., lógica aplicada en la primera parte del art 299?

Y decimos esto último porque cuando cesa la patria potestad, lógicamente cesan sus tres elementos: administración y usufructo­ mencionados en el art. 299 del C.C. según la reforma-y la representación legal. Mas la segunda parte del nuevo art. 299 incurre en la misma impropiedad del anterior (C.C., art. 295) pues si el titular de la patria potestad pierde la administración y el usufructo legales por sentencia judicial por ser responsable de dolo en el desempeño de la administración, ¿por qué no ha de perder la representación legal?

  1. c) “Siempre que el hijo tenga que litigar contra quien ejerce la patria potestad, se le dará un curador para la litis, el cual será preferente­mente un abogado defensor de familia cuando exista en el respectivo municipio; y si obrare como actor será necesaria la autorización del juez”, dice el art. 305 del C.C. en la nueva redacción que le da el art. 38 del Decreto-Ley 2820 de 1974, o sea, los procesos en que haya intereses encontrados entre el hijo y el padre y lo la madre de familia, así como en los procesos de quiebra y de sucesiones (procesos universales) en que ellos sean acreedores y deudores comunes.
  2. d) Lógicamente, en los procesos en que los padres no dan su autorización o no imparten su ratificación a la actuación del hijo de familia (C.C., art. 306, según la nueva redacción del Decreto-Ley 2820 de 1974, art. 39).
  3. e) Consecuentemente cuando haya suspensión o se dé la terminación de la patria potestad (arts. 3t0 y 315 del C.C. -aquél en la nueva redacción del art. 42 del ,Decreto 2820 de 1974, y éste en la dada por los arts. 45 del Decreto 2820 de 1974 y 10 del Decreto-Ley 772 de 1975- en el caso del art. 64 de la Ley 83 de 1946).

~ “No será necesaria la intervención de los padres para proceder contra el hijo en caso de que exista contra él una acción penal; pero aquellos serán obligados a suministrarle los auxilios que necesite para su defensa” dice el art. 308 del Código Civil, en la redacción dada por el art. 41 del Decreto 2820 de 1974.

Para terminar lo referente a la representación, réstanos anotar que como los padres tienen conjuntamente los derechos constitutivos dela patria potestad, a cualquiera de ellos pueden dirigirse las acciones incoadas contra el hijo de familia y que “en los casos en que no hubiere acuerdo de los titulares de la patria potestad sobre el ejercicio de los derechos de que trata el inciso primero de este artículo (administración, usufructo, representación) o en el caso de que uno de ellos no estuviere de acuerdo en la forma como el otro Lleve la representación judicial del hijo se acudirá al juez o funcionario que la ley designe para que dirima la controversia de acuerdo con las normas procésales pertinen­tes” (C.C. arts 306 y 307 en la redacción de los arts. 39 y 40 del Decreto 2820 de 1974). Así mismo, anotamos que el Decreto 206 de 1975, reglamentario del art. 2° de la Ley 24 de 1974, determina que los litigios que surjan entre los padres o entre estos y sus hijos menores se someterán al procedimiento verbal de que tratan los arts. 442 y 448 del C. de P. C., en armonía con el art. 277 del C. del M.° (Jorge Angrita Gómez, Lecciones de Derecho Civil, Personas y representaciones de incapaces, Cuarta edición, Editorial Temis, 1998, Págs. 282-287)

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